A poco más de una semana de que cierren las campañas políticas a la gubernatura del estado, diversos sectores sociales se han pronunciado a fin de que candidatos y candidatas hagan propuestas reales y factibles sobre diversos tópicos de la agenda gubernamental. Por ejemplo, uno de los rubros ausentes en los discursos es la inseguridad. Si bien es cierto que en la cúpula oficial se sigue insistiendo en que somos de las entidades más seguras del país, lo cierto es que dicho argumento ha sido una ficción. Es cierto, no estamos en los niveles de Guerrero, Michoacán, Guanajuato o Zacatecas, sin embargo, al paso que vamos muy pronto estaremos igual. El catálogo de homicidios dolosos va en aumento, al igual que los feminicidios, en los que llevamos uno de los primerísimos lugares a nivel nacional, además en impunidad.
Otro de los rubros que se ha soslayado es el de la gobernabilidad. Una de las exigencias de la ciudadanía oaxaqueña es que quien vulnere los derechos humanos, la libre circulación o incurra en prácticas como el secuestro encubierto en protesta social, debe ser llevado ante el Ministerio Público. Durante la actual administración se ha privilegiado el diálogo más diálogo, sin embargo, no existe el menor propósito de aplicar la ley o mostrar la fuerza del Estado que, como todo mundo sabe, tiene los elementos para mantener el orden y la gobernabilidad. Es decir, las mesas de diálogo se han viciado propiciando que diez personas o poco más que enarbolando motivos personales cierren carreteras, cruceros, calles, bancos o centros comerciales. Un asunto menor deviene un serio problema para la economía, el clima de libertades y la paz social. El caso de las agencias municipales de San Juan Mazatlán, Mixe, es algo patético; algo que nunca debe ocurrir.
La mayoría de los candidatos ha hablado de programas e inversiones millonarias para atender el tema de la migración, de la equidad de género y atención a familias y mujeres; de incrementar los apoyos al campo, pero nada se ha dicho de reactivar la alicaída industria pesquera, pese a que Oaxaca tiene casi 600 kilómetros de litoral en el Océano Pacífico, además de presas enormes. El sector ha estado en el olvido desde hace al menos tres sexenios atrás. Se habla de las artesanías, pero sólo desde el punto de vista de la comercialización. Menos se ha planteado la política turística, entre otros rubros que no han sido del interés de quienes buscan el voto ciudadano.
Acabar con cotos de interés
Los órganos que procuran e imparten justicia deben, para evitar que los servidores públicos hagan de sus áreas un coto de poder y tráfico de influencias, ser rotados por sus mandos superiores. La semana anterior trascendió que una funcionaria del área de derechos humanos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), había solicitado al titular, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, se realizara la rotación de los funcionarios en Huatulco. Con certeza debe haber irregularidades que dicha servidora pública detectó o corruptelas. Es un hecho que, en las áreas de justicia, por más capacitación y publicidad que se haga a las prácticas honestas, la corrupción prevalece. Simplemente dar una copia de un expediente o carpeta de investigación significa que los interesados en casos judiciales, tengan que desembolsar dos, tres o cinco mil pesos. Es una práctica ya institucionalizada en el entorno justiciero.
Para evitar que haya conflicto de intereses o colusión entre vice-fiscales o agentes del ministerio público con bandas delictivas o personas que caminan al filo de la ley, nada más sano que cambiarlos a otra región. Al menos ello puede darle la certidumbre al titular y los altos mandos de que las políticas de imparcialidad y transparencia se están aplicando al tenor de la lucha anti-corrupción. La experiencia ha enseñado que muchas acciones fuera de la ley ocurren cuando malos servidores públicos hacen mal uso de las atribuciones que tienen en sus manos. Es el caso, por ejemplo, del tráfico de indocumentados en el Istmo de Tehuantepec, al amparo muchas veces de las corporaciones y de los jefes que se hacen de la vista gorda. Hay zonas en las que las oficinas de procuración e impartición de justicia se han convertido en tapaderas de actividades ilícitas, como es el caso de la Vice-Fiscalía en Puerto Escondido en años anteriores.
Una de las alternativas viables para evitar que haya costras inamovibles; de impedir que los responsables de documentar e instrumentar el debido proceso se contaminen con el paso del tiempo en un solo lugar es, justamente, moverlos una vez que han pasado un tiempo perentorio en ciertas poblaciones o regiones del estado. Hace unos días en el Tribunal Superior de Justicia cesaron a tres secretarios de juzgados, al descubrirse que habían incurrido en una serie de anomalías y violaciones al Código de Ética que debe regir su trabajo.
