Jamás un gobierno que ni siquiera cumple un año en su administración, ha recibido tantos cuestionamientos como el de Andrés Manuel López Obrador. Hay en el país preocupación por las cosas que están ocurriendo, excesos que no se cometieron ni en los peores regímenes neoliberales. Omisiones, doble discurso, ocurrencias, racismo, etc. Es increíble que alguien que haya tenido el triunfo indiscutible e inobjetable en las urnas, aquel no lejano primero de julio de 2018, esté equivocando el camino de la simpatía y el arraigo popular, por medidas disparatadas que no buscan afectar sólo a los que más tienen, sino a la sociedad en general, como dijimos hace días de la desaparición del Seguro Popular.
En los últimos tiempos ha sonado con mucha insistencia la movilización que pretende realizar el poeta Javier Sicilia, en virtud de la falta de una estrategia de seguridad del llamado Gobierno de la Cuarta Transformación que, como todo mundo sabe, ha puesto en la mira al actual régimen a partir de hechos tan preocupantes como el Caso Culiacán y el de la familia LeBaron, éste último, con roce severos con el gobierno de los Estados Unidos, de los que el presidente López Obrador parece no reparar. Todo ello, en medio de un país que se desangra en ejecuciones, miedo, terror a los grupos criminales que, en todo el territorio nacional siguen haciendo de las suyas. Es sencillamente absurdo que sigamos escuchando nimiedades o necedades, ante un fenómeno que lacera a México.
Otro de los factores de escarnio público es, sin duda alguna, el cuestionamiento a la forma tan burda y ruin en la que fue ungida como ombudsperson, Rosario Piedra Ibarra, violando la ley y trastocando las formas para un encargo de tal envergadura. En los últimos días han surgido nuevos datos sobre el pasado familiar, de quien se presume, será la que verifique y vigile la vigencia de las garantías individuales en el país. Peor la ha pegado al país, el affaire Evo Morales que representa una violación flagrante a los principios que le han dado vida a la respetable diplomacia mexicana. Es más, los ejes básicos de la policía exterior han sido una aportación importante al Derecho Internacional. La pregunta es: ¿más allá de chairos fanáticos, de fifís, de medios chayoteros, indígenas, mestizos o criollos, hacia dónde exactamente va el país? ¿Con ese lenguaje suigeneris, que un día se refiere a un tema en una forma y al día siguiente lo desmiente?
Invasiones violentas
Desde hace años, alentados por grupos y dirigentes de partidos y aún por personajes ampliamente conocidos, se han dado invasiones de predios, particularmente en zonas que están protegidas por la ley, como es el caso del entorno de la Zona Arqueológica de Monte Albán. El gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se ha topado con serios problemas para delimitar el área de protección, habida cuenta de la existencia de cientos de avecindados que han fincado ahí sus viviendas. Tal es el caso de asentamientos conocidos como “El Coquito”, “El Quío”, “Los Mangales” o “El Palenque”, entre otros. En entrevistas llevadas a cabo por este diario en dicha zona, ha quedado claro que hay manos que mueven a los avecindados, con un evidente perfil político.
Ante cualquier intento de delimitar la zona de protección a la citada zona arqueológica, la respuesta es la violencia. El martes pasado se registraron acciones que distan mucho de la civilidad que han argumentado los vecinos y paracaidistas. La disputa es pues por tierras ilegales. No faltaron quienes en las redes sociales pretendieron inculpar del zafarrancho, en el que se registraron incendios de viviendas, muertos y heridos, a las autoridades del INAH y del Instituto del Patrimonio Cultural (INPAC), cuya labor sólo fue la de llevar cuadrillas de trabajadores para tender una malla protectora, que permita preservar todo un entorno para posteriores exploraciones o excavaciones arqueológicas. No se puede permitir la invasión de uno de nuestros monumentos históricos más emblemáticos, por más que quienes se apropian de los predios, argumenten una y mil razones.
El enfrentamiento mortal del pasado martes debe obligar al gobierno de Alejandro Murat, a través de la Secretaría General de Gobierno, a regular dichos asentamientos o, en su defecto, reubicar a los vecinos que se han asentado ahí, contando con el padrinazgo o complicidad de grupos, partidos o actores. Nada, absolutamente nada justifica que se quiera ocupar de manera ilegal la zona que desde hace mucho fue delimitada como el polígono en el que no se permite ni edificar casas ni instrumentar urbanización. Es importante subrayar que el crecimiento en la zona mencionada es a partir de la apatía tanto del gobierno estatal como del municipal de Santa Cruz Xoxocotlán. Ha sido más fácil fingir cumplir la ley, que aplicarla. Es fenómeno definitivamente no es nada nuevo y se viene arrastrando desde hace años.
