Benditas redes sociales. Así las había calificado el titular del Ejecutivo Federal en diferentes ocasiones a las redes sociales más populares del país (https://bit.ly/35KVdvd; https://bit.ly/3qqXPpY), muy probablemente debido a que gracias a ellas su estrategia electoral que lo llevó a la Presidencia tuvo penetración entre la ciudadanía de a pie y dominó el discurso político de la contienda sin depender de los medios de comunicación tradicionales (https://bit.ly/3nU9uvE).
Pero esos sentimientos seguramente hoy ya no son los mismos. El presidente del país se ha pronunciado preocupado y en desacuerdo a raíz de la suspensión de las cuentas de redes sociales aplicadas por Twitter, Instagram y Facebook al todavía presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, después del ataque de grupos pro-Trump al Capitolio, el pasado seis de enero (https://bbc.in/3nPOdmT).
Esta determinación ha abierto el debate sobre si se trató de un acto de censura al aún mandatario estadunidense por parte de las empresas que operan las redes sociales y quién válidamente puede decidir la adopción de este tipo de medidas, es decir si esta determinación debe quedar en manos de las empresas o es necesaria la intervención del Estado.
Bajo las normas vigentes de Estados Unidos, no se considera censura la actuación de las empresas, dado que esta moderación de contenidos se encuentra prevista en su marco jurídico (https://nyti.ms/2LCUq8F). Sin embargo, también debemos tomar en consideración que las políticas de las plataformas en este tipo de escenarios resulta por demás problemática, dado que existen cientos de casos en los que usuarios de alto perfil que han violado la misma regla de comportamiento que Trump y no han sufrido las mismas consecuencias, como en los casos de discurso de odio en Sri Lanka, Birmania/Myanmar e India, donde publicaciones relacionadas a la incitación a la violencia en contra de grupos determinados no han sido eliminadas de las plataformas a pesar de las denuncias al respecto (https://nyti.ms/3qkWqky).
Además, la pregunta sobre si fácticamente constituye censura a partir del poder que han amasado estas compañías es legítima. No es lo mismo postear en Facebook, Instagram, Youtube o Twitter -plataformas que han construido un monopolio- que en redes mucho menos populares y en desuso. Si uno no opta por el uso de tales medios, es casi seguro que las expresiones en línea se vuelven algo cercano a lo invisible.
Y ese es uno de los dilemas que ahora tenemos, también, en el ámbito de las aplicaciones de mensajería. Recientemente Whatsapp anunció nuevas políticas de su aplicación que implicarán que ciertos datos de los usuarios serían compartidos con Instagram, y Facebook en aras de mejorar la oferta de las plataformas para sus esquemas de negocios.
El anuncio reavivó un viejo temor comunitario sobre la información que compartimos en línea -inicialmente propulsado masivamente por el escándalo de la Faceapp (https://bbc.in/2XOQd4h)- generando la migración de usuarios a otras aplicaciones (https://bit.ly/3oSKENU). No obstante, para muchas personas, abandonar esta red social resulta inoperante dada su conectividad con otras plataformas y la permanencia de sus círculos sociales en el uso de la aplicación, es decir, el poder de su monopolio.
Y si bien, el panorama del uso de estas “benditas redes sociales” puede parecer obscuro ponderando las noticias más recientes, no debemos perder de vista que su operación ha sido crucial para mantener movimientos de resistencia y organización social a la censura en Cuba, Nicaragua, Guatemala y Honduras (https://bit.ly/3qr7z3w; https://spoti.fi/38N1ZlZ; https://spoti.fi/3im437O).
Las redes sociales han alcanzado relevancia en el discurso público y la organización social de maneras insospechadas hace unos cuantos años. Su poder e incidencia debe ser replanteado y analizado, la libre expresión y la democracia están de por medio.
@GalateaSwanson
