El pasado 29 de marzo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dio a conocer su tercer informe, que resulta excepcional dado que, gracias a la orden dada por el presidente López Obrador, se pudo tener acceso a documentos clasificados previamente y a los que el GIEI.
Debido a esta documentación se pudo comprobar que sí fue el Estado partícipe de este infame crimen, ya que se acreditó que las autoridades militares y de inteligencia conocían y daban seguimiento a las actividades de Guerreros Unidos en la zona desde meses previos, y que tenían infiltrada la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, conocida como Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desde al menos 10 años. Asimismo, que integrantes del ejército, la marina y la procuraduría general de justicia realizaron actuaciones e investigaciones no compartidas en la investigación, y que incluso se manipuló la escena del basurero de Cocula y el Río San Juan, que eran la base de la construcción de la “verdad histórica” que hoy se desmorona.
Por otra parte, se encontró evidencia de que el ejército buscó desacreditar el trabajo del GIEI, así como videos que demuestran que las confesiones que fundamentaban la verdad propuesta por la administración de Peña Nieto fueron obtenidas mediante tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes que, además de tratarse de reprobables actos, eliminan cualquier atisbo de veracidad de las declaraciones obtenidas.
Todo ello es un gran, gran escándalo. Demuestra que el sistema de procuración de justicia, ni siquiera en estos casos emblemáticos donde todas las lupas se encuentran enfocadas, está libre de corrupción, manipulación y falta de justicia. Este asunto también refuerza lo que ya sabemos al carecer de sistemas de justicia confiables, eficientes y transparentes: miles de personas inocentes en la cárcel por delitos sin esta trascendencia mediática cumplen condenas injustas; miles de culpables libres por la misma causa.
Lo que prende las alarmas del informe, además, es que se señala que a pesar del decreto expedido por el presidente de México, ordenando la desclasificación de todo documento relativo a la investigación, las Fuerzas Armadas aún no han dado toda la información en su poder al GIEI. De conformidad con el artículo 11 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, “[e]l Mando Supremo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, corresponde al presidente de la República”. Como lo señaló en conferencia de prensa Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, resulta preocupante que el ejército no acate una orden de su superioridad, especialmente en un contexto en el que la militarización de la vida civil es una realidad.
La procuración de justicia es una de las bases para el establecimiento de un régimen de derechos y democrático. El caso Ayotzinapa y las nuevas revelaciones del GIEI deben ser motivo de preocupación nacional y, sin embargo, parece que la noticia se perdió en la coyuntura. Más allá de la estridencia mediática, habría que voltear a ver que los grandes problemas del país siguen ahí y que si queremos mejorar las condiciones de todas y todos hay que hacer frente a nuestros demonios.
Que en el caso Ayotzinapa haya verdad y justicia no solo traerá paz a las familias, -quienes solo por su lucha y valentía han encontrado algunas respuestas a tan doloroso crimen- sino que también brindaría una luz de esperanza y una posible ruta de tránsito al pueblo de un país con más de 90 mil personas desaparecidas, 10 feminicidios diarios y miles de crímenes sin resolver.
@GalateaSwanson.
