Los mexicanos hemos vivido los últimos cuatro años, los resabios del autoritarismo y la intolerancia. Todos aquellos que hagan uso de su libertad de expresión para manifestar su inconformidad con algunas políticas emanadas de las ocurrencias o resentimiento presidencial, de inmediato reciben una andanada de epítetos e insultos. Por ejemplo, millones de mexicanos que están en contra de la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) y de la reforma que ya se ventila en el Congreso de la Unión, están convocados mañana a participar en marchas tanto en la Ciudad de México como en otras capitales del país, con el lema “Al INE no se toca”, han sido descalificados e insultados desde la tribuna de la mal llamada “mañanera”, con calificativos como racistas, corruptos, conservadores, adversarios, lacras y otros más agresivos, que no son los mensajes de tolerancia y madurez política que deberían ser en un Jefe de Estado y de gobierno.
El lenguaje carretonero utilizado a menudo ha sido capitalizado por los seguidores y fanáticos del régimen actual para zaherir y lastimar a aquellos que están en contra de las ocurrencias, desatinos y yerros presidenciales. La sociedad mexicana está polarizada, en tanto que el país sigue salpicado de sangre por una pésima estrategia de seguridad, que ha beneficiado particularmente a los grupos criminales y cárteles de la droga que se asumen intocables, hoy más que nunca, cuando el Ejército Mexicano tiene a su cargo, por mandato constitucional, la seguridad del país y cuya instrucción a la tropa es no enfrentar a los criminales. Se trata, desde luego, de una reforma a la Constitución que, como a tiempo lo advirtieron organismos nacionales y extranjeros, del inicio de la militarización del país, a lo que el presidente López Obrador siempre desestimó.
La marcha que se celebrará mañana domingo, que tiene tan malhumorado al primer mandatario, podría dar cuenta de la polarización y fractura que padece el pueblo mexicano. El INE es, si acaso, una de las únicas instituciones reconocidas a nivel internacional, de imparcialidad y legalidad en el manejo y calificación de los procesos electorales. Nadie duda que necesita perfeccionarse, pero no atentar en contra del mismo para una regresión democrática, pues por más de tres décadas ha dado certidumbre al pueblo mexicano y ha sido un pilar fundamental de nuestra vida e incipiente democracia participativa.
Aumento versus chatarra
De nueva cuenta, el tema del transporte urbano en la ciudad de Oaxaca irrumpió en medios de comunicación y redes sociales. En efecto, el incremento unilateral de la tarifa de ocho a diez pesos, se convirtió en eje de jalones y tirones entre autoridades y concesionarios; entre usuarios y operadores. Se pretendió imponer un aumento en el pasaje que no fue autorizado, y que de manera ilegal fue impuesto por al menos tres empresas del transporte urbano. Sería un error negar que estamos padeciendo una espiral inflacionaria que no ocurría desde hace muchos años. Es innegable también que se han dado incrementos en diesel, gasolina, refacciones, mantenimiento, entre otros rubros. A ello hay que agregar el uso, igualmente ilegal de las unidades, para bloquear calles y cruceros; el descenso obligado del pasaje por parte de aquellos que para chantajear a las autoridades, usan ese aberrante método. Usuarios, operadores y empresarios han perdido.
De hecho la actual tarifa tiene años en que fue autorizada. Sin embargo, cada que se da algún incremento, hay acuerdos de reciprocidad entre gobierno y los permisionarios del llamado “pulpo camionero”. Uno analiza el incremento en el pasaje y los últimos se comprometen a renovar el parque vehicular; darle prioridad a la capacitación de los operadores, mejorar el servicio y la atención al público. Pero, si vemos unidades desvencijadas, con asientos rotos, con rechinidos infernales cada que frenan, o carreritas en las calles, atropellamientos, alcances y un trato grosero a los usuarios, estamos convencidos de que alguien no está cumpliendo. Hay unidades que tienen al menos treinta años de uso. Hay operadores que parecen transportar ganado no personas. Un sistema un tanto arcaico que si bien tiene detectores para cuantificar el número de pasajeros que ascienden o descienden, siguen usando métodos anacrónicos para cobrar.
El incremento de un 25 por ciento representaría un duro revés para el usuario. Es superior a la inflación que padecemos. Sería, por tanto, excesivo, además, debe ser autorizado por las autoridades que son, en última instancia, quienes otorgan o retiran las concesiones. Es un error tomar una decisión de manera unilateral, ilegal e incluso, tratar de presionar al gobierno bloqueando calles para afectar a la ciudadanía y al turismo como ocurrió el pasado festejo del “Día de Muertos”. Sólo la negociación serena y sensata puede llevar a acuerdos trascendentes.
