Está en el Senado de la República la iniciativa de ley preferente que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, para reformar la situación de la energía eléctrica en el país. No se trata de algo simple. Es, para algunos analistas políticos, una verdadera escalada en contra de las empresas que generan energías limpias y renovables. Como una postura absurda, ilógica y anacrónica, se trata de darle el monopolio ilegítimo de la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para volver al combustóleo y el carbón, las fuentes de generación que han sido eliminadas en el mundo moderno por contaminantes. De ser aprobada dicha iniciativa, no dudamos que tenga severas implicaciones internacionales y comerciales, sobre todo en el Tratado México-Estados Unidos y Canadá.
Aunque parece que en nuestro estado no pasa nada, desde luego que tendrá efectos nocivos, habida cuenta de las decenas de parques eólicos instalados en el Istmo de Tehuantepec, que no sólo generan energía, sino que son fuentes de empleo para miles de paisanos. Si bien es cierto que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió sobre la famosa Ley Nahle, dándole palo a la ignorante titular de la Secretaría de Energía (Sener), que se ha hecho una con el titular de la CFE, respecto a la libre competencia para la generación de energías, el riesgo continúa. Nada, absolutamente nada justifica retrasar el reloj de la historia y volver a las fuentes ya anacrónicas, cuando existen en el país estados como el nuestro con probada insolación para la energía fotovoltaica o la que produce el aire. Recordemos que Oaxaca ha sido pionera a nivel nacional en este rubro.
En los Estados Unidos, uno de los primeros decretos del presidente Joe Biden fue volver al Acuerdo de París, sobre energías limpias y en favor de la lucha ante el cambio climático, al que su antecesor, Donald Trump había renunciado. ¿Cuál será el triste papel de nuestro país en este escenario y con una diplomacia sumisa a los dictados de ignorantes? Es un acertijo. Lo cierto es que se esperan duras batallas en diversos campos del país y el extranjero con estas medidas absurdas y torpes, asumidas desde las altas esferas del poder público. Contra la ignorancia nada se puede, menos aún con la cerrazón, sólo la respuesta de un pueblo alienado como el mexicano.
Violaciones a la privacidad
Antes y durante la pandemia, cuya contingencia en breve cumplirá un año en México, ya es común recibir llamadas telefónicas ya sea a los dispositivos móviles o de casa, de parte de empleados de instituciones bancarias ofreciendo tarjetas de crédito o, para quien ya cuenta con ellas, ofrecerle un incremento a su línea de crédito o una adicional para algún familiar. La llamada puede ser por la mañana, casi de madrugada o avanzada la noche. El horario de cualquier persona normal, no importa. Es más, el teléfono puede estar llamando una o diez veces o la llamada puede repetirse. Para quienes la realizan poco interesa que sea en horarios de descanso e inapropiados. La primera pregunta que salta a la vista es: ¿cómo obtienen los datos tanto de los usuarios de teléfonos fijos como móviles, que se dirigen hacia los destinatarios? Suponiendo que se trata de algo público, ¿en dónde exactamente subyace nuestro derecho a la privacidad?
Lo grave y preocupante es que cualquier ciudadano, en estos tiempos de inseguridad y soterrada extorsión telefónica, recibe llamadas provenientes de Veracruz, Guerrero, Puebla, Tamaulipas o de Oaxaca. Los empleados de bancos u otros negocios de televisión por cable u otros más, recurren a las prácticas más invasivas a la privacidad para obtener contratos o, se entiende, algún beneficio económico, lo cual es explicable. Hay quienes no contestan dichas llamadas, con el riesgo de que provengan de penales en dichas entidades, de donde provienen muchas de extorsión, trampa en la que mucha gente ha caído. Lo grave es que ninguna autoridad ni federal ni estatal lanza mensajes de alerta sobre esta situación y quienes se presume tienen el control de las telecomunicaciones permiten que ello se haga libremente, afectando la privacidad que es un derecho constitucional.
Los tiempos de campaña han exacerbado esas invasiones a la privacidad. O tocan a la puerta para decir que hacen una encuesta sobre la aprobación del régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador o son los partidos políticos con su propaganda. O, en otras circunstancias, llaman al teléfono fijo para realizar otra encuesta sobre las preferencias electorales. Si en el Senado de la República, en voz del coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal, afirma que van por la regulación de las redes sociales, ¿por qué se permite esta violación al derecho constitucional de la privacidad?
