A tres días de que transcurrió la jornada electoral del seis de junio, vale la pena hacer un balance de lo que ocurre en el entorno de la administración estatal. El gobierno de Alejandro Murat está a seis meses de cumplir su quinto año de gobierno y en el ambiente se respira un aire de parálisis, de que falta mucho por hacer. No hay obras, no hay programas sociales que lleven el sello del actual gobierno estatal. La pandemia y los protocolos sanitarios trajeron consigo una especie de atonía. A ello habría que agregar los meses de veda electoral y la falta de cumplimiento de los responsables de las diversas áreas, algunos de ellos foráneos que tomaron muy a pecho lo de despachar desde sus casas ante el temor de los contagios y muertes por Covid-19. Sin embargo, en el entorno, se advierte un futurismo sin control. Hay algunos a los que les han venido calenturas tempraneras y ya se les cuecen las habas por montarse en la gubernatura del estado, cuando aún falta año y medio para el relevo.
Si bien es cierto que hace sólo unos días el gobernador Alejandro Murat designó a los responsables de dos importantes áreas de su administración: las Secretarías de Bienestar y de Movilidad, también es cierto que esa dilación no ha sido benéfica a su gobierno, pues las mismas se mantuvieron con “encargados del despacho” durante meses. Obvio, ello ha influido en que aquellos programas que estaban en curso no se desarrollaran de manera adecuada. Otro factor ha sido la ausencia casi generalizada de los trabajadores de base del gobierno estatal que, desde marzo de 2020, no se han presentado a laborar y, no obstante que algunos ya fueron vacunados, hacen uso de sus derechos sindicales para ausentarse de manera definitiva. Eso sí, cobran puntualmente sus salarios.
Una vez que concluyó la jornada y la veda electoral, que abre la puerta para que la administración pública estatal vuelva a la normalidad, el jefe del poder ejecutivo debe apretar las tuercas para que todos sus funcionarios se apliquen a cumplir la encomienda que les ha asignado y que la Ley Orgánica les atribuye. Es común escuchar en Oaxaca una frase demoledora: “si no pueden, para qué se alquilan”. Ya estuvo bien de despachar desde la comodidad de sus casas o alejados de la realidad oaxaqueña. Es inconcebible que el gobernador siga sin descanso al frente de la responsabilidad que el pueblo oaxaqueño le otorgó, mientras sus subordinados continúan en la milonga.
FGEO: Agenda pendiente
Durante el pasado proceso electoral que tuvo su desenlace el seis de junio, Oaxaca estuvo en el plano nacional como una de las entidades en las que se cometieron más casos de violencia política. Vale la pena destacar el asesinato de la aspirante a la presidencia municipal por Ocotlán, Ivonne Carreño Gallegos, militante del Partido Acción Nacional (PAN), el 20 de marzo; el de Leonardo Díaz Cruz, ex presidente municipal de Ejutla de Crespo y padre de la dirigente estatal del partido blanquiazul, el 13 de abril y el reciente atentado que padeció el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al municipio de Mariscala de Juárez, Hugo Jairo Hernández, cuando sujetos armados abrieron fuego en contra de su vehículo, resultando seriamente lesionada su hija menor de edad. Se trata de tres atentados criminales de los cuales no ha habido un solo detenido.
El pasado 2 de junio, trascendió que luego del cierre de campaña del candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y de la candidata del partido Nueva Alianza (Panal), en la comunidad de Santiago Tamazola, una patrulla de la Policía Estatal Preventiva que resguardaba dicho acto político, fue alcanzada por sujetos armados, presuntamente del segundo partido, haciéndole múltiples disparos, lo que ocasionó que un elemento policial falleciera. Se trata de una acción criminal que nada tiene que ver con diferencias políticas, lo que obliga a las autoridades a actuar en consecuencia y en contra de quien haya privado de la vida al elemento. El mismo día sonó con insistencia la especie de que un grupo armado, presuntamente criminal, había tomado prácticamente la población de San Lucas Ojitlán, en la Cuenca del Papaloapan que, como todo mundo sabe, es terreno fértil de la delincuencia organizada, apuntalada por conocidos actores políticos.
Son pues varios casos que la Fiscalía General del Estado (FGEO) está emplazada a investigar y, de ser el caso, consignar a los presuntos autores intelectuales y materiales. Además de las acciones ilícitas en la pasada jornada electoral. La situación de violencia política en el país, estimulada por el inexplicable repliegue del gobierno de López Obrador para enfrentar a los cárteles de la droga y los grupos criminales, crearon en el pasado proceso electoral un ambiente de miedo y zozobra. Es más, lo que han dicho algunos medios nacionales en torno a la intimidación e imposición de candidatos le quedó claro a la ciudadanía.
