Desde hace al menos diez años se han presentado ante el Congreso del Estado, decenas de iniciativas para que legisladores y legisladoras, analicen, discutan y, en su caso, aprueben leyes para acotar los bloqueos carreteros y a vialidades urbanas, que sólo benefician a grupúsculos, pero afectan la economía, la gobernabilidad y la paz social de millones de oaxaqueños. La mayoría ha provenido del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN). De manera lamentable ninguna ha progresado. Todas se han estampado con una pared de complicidades de parte de partidos vinculados con la izquierda, habida cuenta que algunos de sus legisladores provienen, justamente, de la cultura del chantaje. Obviamente, no pueden pegarse un tiro en el pie o renegar de su propia naturaleza.
Grupos y organizaciones han aprovechado ese vacío legal para hacer de los bloqueos carreteros, toma de casetas y de oficinas, entre otros sobados métodos, toda una institución. La idea es perversa: golpear a la ciudadanía, a la población civil, para doblegar al gobierno en su amplio y millonario abanico de demandas. Todo ello ha afectado duramente el clima de libertades, ante una acción permanente de conculcar el libre tránsito. Gobiernos van y vienen sin que ninguno haya movido un dedo para aplicar la ley y disponer desalojos que permitan restituir la libertades civiles. Y es que grupos y dirigentes se escudan en una mal entendida libertad de expresión, que no es más que un disfraz de la cultura del chantaje y la extorsión, para obtener los favores de las autoridades, escudados, asimismo, en la bandera de comunidades indígenas y vecinos pobres.
La lección que dieron hace unos días los vecinos de San Agustín de las Juntas, al organizarse y desalojar con golpes y balazos el bloqueo carretero que mantenían durante tres días, dos organizaciones de la Sierra Sur, aferrados a recibir millones del gobierno, inconformes con los que éste les había ofrecido, ha sentado un grave precedente. Desde hace poco más de un año hizo algo similar la comunidad de San Pablo, Etla, al emplazar al beligerante Movimiento de Unificación de Lucha Triqui Independiente (MULTI), a desalojar la vía 190, que tomaron por varios días. Ello implica que las comunidades no están dispuestas a seguir tolerando dichos métodos de presión. De surgir violencia o muerte será también por la apatía, la irresponsabilidad y la complicidad legislativa.
Autoridades omisas
La pregunta es: ¿de qué privilegios goza en la actual administración estatal, la llamada Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), cuyos agremiados, operadores de camionetas recolectoras de basura siguen depositando su carga pestilente en los playones del Río Atoyac? Suponemos que tienen un gran poder, pues a la fecha ni han tenido sanciones ni, mucho menos, han sido conminados a evitar seguir contaminando dicho afluente, además de que, las cerca de 500 toneladas de desechos que de manera ilegal han depositado ahí, está representando un serio problema de salud pública. En efecto, las autoridades que cuidan el entorno ambiental sólo han emitido amenazas de sanción y apercibimiento al ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, pero el referido gremio sindical –mafioso, les llamó el presidente López Obrador- sigue intocable.
En la entidad existen dos dependencias: la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso) y la Procuraduría Estatal para el Medio Ambiente que, por lo visto, hacen caso omiso de la emergencia ambiental que representa este depósito de desechos que son dejados ahí, a la intemperie, ignorando que gracias a un amparo que obtuvo un llamado Litigio Estratégico, las autoridades de los tres órdenes de gobierno están emplazadas a proteger de la contaminación dicho afluente. Si no lo quieren entender es su problema, sin embargo, el hecho de que no haya sanciones directas advierte cierto favoritismo hacia un gremio que se caracterizado por su beligerancia y violencia. Nada se ha resuelto con el hecho de apercibir al gobierno citadino quien, en el tema de los desechos sólidos, libra sus propias batallas. No hay que olvidar que tiene como plazo el próximo 8 de octubre para ya no depositar la basura en donde operó el relleno sanitario.
Hay pues una omisión ciertamente ominosa de las instancias estatales al seguir solapando este aberrante atentado en contra del medio ambiente de la capital que, obviamente, afecta a miles y miles de ciudadanos. Asemeja la omisión que se ha dado con el pulpo camionero y sus contaminantes chatarras en circulación. Ambas instancias pues, asemejan un par de elefantes flancos que sirven para nada y para lo mismo. Es importante subrayar que, en la actual administración, el tema de la protección del medio ambiente y el entorno ecológico, ha sido sólo una ficción. Es decir, nada acorde con la realidad que vivimos.
