• Primer ataque a periodista del 2018.
• Urgente priorizar regulación a propaganda oficial
Conforme avanzan los días a partir de las “denuncias” sin fundamento que presentó el gobernador de Chihuahua sobre las supuestas represalias del gobierno federal en contra del Estado y su Gobierno, distintos actores han ido marcando distancia y pareciera que quieren pero no quieren apoyar a Corral. Primero fue el Comité Anticorrupción quien se desmarcó de la declaración de guerra que encabezó el mandatario. Luego al querer mostrar músculo empresarial no figuraron los apellidos Fuentes, Zaragoza u otros ligados a fuertes inversiones y capitales; Finalmente, Ricardo Anaya el precandidato de Por México al Frente, también marcó distancia al señalar que no quería hacer un tema electoral un asunto político.
Así las cosas, ante las débiles acusaciones y la falta de pruebas y sustento, al haber recibido recursos presupuestales excedentes y no mostrar transparencia y claridad con la aplicación de recursos federales, la sociedad intuye que el gobernador de Chihuahua está montando una crisis para desviar la atención de los temas de seguridad y gobernabilidad de la entidad en los que ha fallado y se le observa más bien débil.
Así el gobernador de Chihuahua pese a tener una amplia convocatoria en la ciudad de Chihuahua, resentirá el efecto bumerán de lanzar acusaciones y señalamientos sin sustento, perdiendo así la confianza y quedando en evidencia por eludir su responsabilidad de garantizar la seguridad en su entidad.
Tómelo con atención.- ya en este espacio hemos señalado que 2018 siendo un año electoral, será un periodo álgido y de alto riesgo para el ejercicio profesional del periodismo.
El sábado pasado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el columnista Carlos Dominguez del Diario de Nuevo Laredo, viajaba en compañía de su hija por las calles del centro de la ciudad, cuando un grupo lo asesinó. Este es el primer ataque a un periodista a tan solo 12 días del arranque del 2018.
La Fiscalía del estado de Tamaulipas y el gobernador Javier Cabeza de Vaca de inmediato condenaron los hechos y señalaron que investigarán a fondo y llegarán hasta las últimas consecuencias para aclarar el asesinato; de igual forma, el gremio periodístico ha solicitado a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión de la PGR dar seguimiento a las indagatorias.
El derecho a la información y el ejercicio periodístico son pilares de la democracia; más aún en un escenario como el que vive nuestro país en este 2018, por lo que no debemos pasar por alto estos incidentes y debemos alzar la voz para que a la brevedad se generen acciones preventivas que garanticen la seguridad de periodistas y comunicadores.
Tómelo con Interés.- Marco Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, convocó al presidente Enrique Peña Nieto, para enviar como iniciativa preferente la reforma al artículo 134 de la Constitución en materia de propaganda gubernamental.
Lo anterior, para dar cumplimiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordena al Congreso de la Unión dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo tercer transitorio del decreto de reforma constitucional de fecha 10 de febrero de 2014.
En esta columna hemos destacado el compromiso del presidente de la República en materia de campañas de difusión, quien comprometió que la aplicación de recursos presupuestales en materia de publicidad y propaganda serían transparentes y se aplicarían en base a los impactos y audiencias de los medios de comunicación. Por muchos años la publicidad oficial ha sido empleada como una herramienta de presión para normar la política editorial de los medios de comunicación, lo que se ha traducido en coartar la libertad de expresión.
Desde hace poco más de 10 años, distintas organizaciones gremiales han promovido que se combata la impunidad y la corrupción en la distribución de campañas oficiales como elemento para beneficiar a determinados grupos o medios de comunicación. Por lo que finalmente sería un buen momento para que el gobierno de Enrique Peña Nieto cumpla su compromiso y se adopte un modelo de equidad publicitaria que distribuya claramente los recursos públicos en base a perfiles de audiencia e impactos, lo que convertiría a la publicidad oficial en un canal para que la sociedad reciba información sobre las acciones de gobierno y los programas del estado y no se vuelva una herramienta para premiar o castigar a los medios de comunicación.
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Facebook: Fernando Antonio Mora
*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana.
*Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.
* Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez por la Libertad de Expresión.
