- Profesionalización del gremio periodístico
- Ley de Seguridad Interior
Por si algo nos faltara, Andrés Manuel López Obrador se ha puesto a pensar, y llega a la conclusión de proponer un plan de amnistía para narcotraficantes. Nada más descabellado cuando justo la demanda más álgida de la sociedad es el combate a la inseguridad, y la delincuencia organizada.
No cabe duda que el gobernar conlleva estar preparado para ello, ya que el sólo lanzar iniciativas, y pretender implementar una amnistía, deja ver el gran desconocimiento del marco legal y de las decisiones de gobierno. Por principio de cuentas tan sólo para poder pensar en una acción como la que propone AMLO, debe partirse de legalizar las drogas, situación que lejos de contrarrestar la inseguridad y la violencia que han prevalecido en los últimos años en nuestro país, nos llevaría a una situación aún más álgida que repercutiría justo en un considerable incremento en los delitos, y en los actos de impunidad y corrupción, que tanto rechaza la sociedad.
Queda claro que no es lo mismo gobernar, que únicamente lucrar con la pretensión de llegar a ser gobierno. La negociación y el alcanzar acuerdos como lo deja entrever López Obrador con grupos de la delincuencia organizada significarían entrar a una etapa de oscuridad en el contexto internacional para México. Esto si sería llevarnos a los momentos que han vivido Venezuela o Cuba, en los que en principio Estados Unidos impondría bloqueos y sanciones económicas a nuestro país. Sin duda se construiría el muro fronterizo y las sanciones y repercusiones serían de por vida. Esto si sería un cambio para el país y la sociedad.
Andrés Manuel nos demuestra que él no cambia, y estas ideas lo han llevado a ser un eterno idealista y perdedor.
Tómelo con atención.- En septiembre pasado la Secretaria de Educación Pública a través del CENEVAL, convocó a un segundo proceso de titulación por saberes adquiridos, mediante un examen para licenciados en periodismo. Ésta fue la segunda convocatoria para la acreditación de periodistas por este medio, que desde los finales de los años treinta se concedió a otras profesiones, y que ha derivado en el surgimiento de especialidades así como la consolidación de los procesos de profesionalización.
En junio de 2012 se logró el acuerdo secretarial que permitió a poco más de 800 periodistas alcanzar su certificación por saberes adquiridos o trayectoria; y en este proceso del 2017 se presentaron cerca de 900 solicitudes, logrando concluir satisfactoriamente poco más de 500 periodistas, por lo que son ya alrededor de mil 300 licenciados en periodismo.
Es relevante destacar que la titulación de saberes adquiridos, es un proceso por el que pasaron varias disciplinas médicas, ingenierías, abogados y otros profesionistas. No es una herramienta para beneficiar a nadie, o un programa para privilegiar a persona alguna, sino un paso en el proceso de profesionalización para los periodistas; con lo que en el mediano y largo plazo, se logrará mejor calidad y desempeño, lo que se traduce en mejores condiciones laborales, y en recuperar la confianza y credibilidad de la sociedad que se ha perdido. Se trata de realizar un esfuerzo para demostrar que los periodistas, nos esforzamos por informar en forma objetiva, veraz, y oportuna a la sociedad, para que la población tenga testimonio suficiente para tomar decisiones.
Tómelo con Interés.- Tras la aprobación de la Ley de Seguridad Interior han surgido distintas voces que pretenden desvirtuar los objetivos de la misma, que no es más que dar claridad y marco legal a la actuación del Ejército y la Armada, en labores de seguridad.
A lo largo de los últimos meses, desde distintas organizaciones no gubernamentales, se ha elevado la voz reprimiendo a las autoridades por los elevados índices de inseguridad y violencia en el país; varios gobiernos estatales y municipales, han reprochado la falta o lenta colaboración de autoridades federales, para combatir la inseguridad; sin embargo, cuando lo que se busca es dar certeza y certidumbre a la participación de las fuerzas armadas, han sido muchas de las mismas voces que reclaman acciones de seguridad, quienes ahora han pretendido desvirtuar la iniciativa de ley, señalando por un lado que daría lugar a un Golpe de Estado, y por otro, que sería un elemento para proteger inversiones del sector energético. Se destaca que el marco legal es violatorio de los derechos humanos. En fin que en realidad si la situación fuera el extremo de hablar de un Golpe de Estado, las fuerzas armadas no requerirían de una Ley de Seguridad Interior para actuar. Nada más absurdo que pensar en un marco legal, que permitiera un acto que bajo ninguna circunstancia estaría apegado al Estado de Derecho.
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