No les hace falta razón a aquellos que opinan que el Estado debe propiciar la desaparición de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) y refundar otra, que vuelva a recuperar sus principios de institución para la formación de profesionistas; que le permita sacudirse todos los vicios que viene arrastrando desde los años 60 del siglo pasado y devolverle su ancestral prestigio académico y formativo. Y es que hay un factor que sigue socavando a la institución: los siete sindicatos que viven del magro erario universitario y que, cada año, en fila india emplazan a la institución a resolver sus demandas económicas, con la amenaza que, de no hacerlo, se irán a huelga. En dichos gremios se han enquistado ese abominable espíritu parasitario, el porrismo, el tráfico de influencias y la corrupción galopante.
Durante al menos tres meses, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad (STEUABJO), mantuvo frente al edificio de rectoría bloqueos a las vialidades. Todavía hace una semana aplicaba un método similar en las oficinas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, para presionar a las autoridades a otorgarles 12 millones de pesos, según sus dirigentes, que el gobierno del estado les ofreció como compensación a “su productividad”. Hay que tomar en cuenta que dicho gremio exigió dicha cantidad sin que sus miembros se hubieran presentado a laborar, dado que, por la contingencia sanitaria por la Covid-19, permanecían en sus hogares. ¿Con qué calidad moral pues exigieron un pago adicional, sin haber cumplido con su responsabilidad institucional?
Esta semana se sumó a las presiones el Sindicato de Trabajadores Académicos (STAUO), un gremio fracturado en al menos cuatro segmentos. De igual manera, exigen pagos retroactivos y presuntos derechos adquiridos desde hace tiempo. Es del dominio público que la UABJO pasa por una de sus peores crisis financieras de los últimos tiempos y que, inclusive, el rector de la Máxima Casa de Estudios ha tenido que solicitar préstamos a la banca privada para hacer frente al pago de laudos, prestaciones y otros rubros. Empero, la presión de la dirigencia del sindicato aludido tiene otro propósito adicional a la petición pecuniaria: meter ruido para agilizar la sucesión en la rectoría, en virtud de que, por las complicaciones de la pandemia, la actual administración se ha mantenido ahí por más de un año, en que las condiciones no han permitido cuajar la sucesión.
Apretar el paso
El pasado miércoles primero de diciembre, inició formalmente el sexto y último año de esta administración estatal. Es tiempo para el ejecutivo, de ir ajustando el retiro y hacer un balance de lo que se hizo en el lustro anterior y lo que aún puede lograrse. El tiempo apremia, ya lo hemos comentado en este mismo espacio radiofónico. Ya se han mencionado los obstáculos y la tragedia que ha acompañado a esta administración, desde el primer año de gobierno. Sequía, ciclones y tormentas, pero, principalmente, sismos demoledores y, finalmente, la pandemia. Uno de los problemas que más nos ha lacerado como sociedad, es la agitación e inconformidad social, traducidas en presiones, protestas y bloqueos. La política del chantaje contrasta con las reducciones presupuestarias, la deuda histórica que hay en ciertas áreas y el crecimiento de la misma. Una luz de esperanza se abrió para los trabajadores eventuales de la Secretaría de Salud, que fueron despedidos desde el mes de septiembre, cuando abordaron al presidente de la República para pedirle su apoyo.
Pero éste no ha llegado y, por el contrario, el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), le ha dejado todo el paquete al gobierno estatal. Ocupado en otras cosas, el gobierno federal no resuelve nada. El mejor ejemplo está en la falta de medicamentos para los niños afectados por el cáncer. Por más regaños presidenciales a los miembros de su gabinete, este tema no tiene visos de solución. Menos dará una alternativa para los despedidos de Salud. Como éste, son centenas de problemas que tiene encima el actual gobierno estatal. O son temas laborales y contener la protesta de organizaciones y grupos; o es la presión de sindicatos y gremios. El eje prioritario es el dinero, los pagos retroactivos o las prestaciones. En tiempos de pandemia y sin que se presenten a laborar, los empleados sindicalizados exigen pagos que, en circunstancias reales, ni siquiera han devengado. Y para presionar al gobierno, despliegan un método infame: bloquear calles, cruceros y carreteras.
Y conforme avanza el fin de esta administración, de ello no hay duda, se recrudecerá también ese método. Se le ha apostado al diálogo y más diálogo, pero no a la aplicación de la ley. Ello ha creado un espectro de impunidad. Sólo observe nada más los excesos que se cometen tomando como bandera la libertad de expresión, para justificar cierre de oficinas, de comercios, secuestro de autobuses o la toma de casetas de cobro, para extorsionar a automovilistas y transportistas. Todo ello, con absoluta displicencia y cinismo.
