Desde que la violencia criminal se exacerbó en la entidad, dejando como huella miles de muertos en los dos años y medio de esta administración, en este mismo espacio insistimos en la presencia indiscutible del crimen organizado. Las autoridades de las diversas instancias, incluyendo al ejecutivo estatal, lo negaron una y otra vez. Es más, ahí se justifica el silencio cómplice de los responsables de la seguridad pública, como es el caso del titular de la SSPO, José Raymundo Tuñón Jáuregui y del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad, José Manuel Vera Salinas, respecto a la cifra creciente de homicidios dolosos, particularmente ejecuciones. Tuvo que ser el mismo gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, quien reconociera en conferencia de prensa la presencia de grupos criminales y cárteles de la droga, detrás de la exacerbada violencia en algunas regiones como Tuxtepec y el Istmo de Tehuantepec. Muchas negativas para que al final se cayera en cuenta que ese nivel de homicidios es inédito en Oaxaca y la cifra nos ha puesto como uno de los estados más violentos en el país.
Sin embargo, con aceptarlo no se logra nada, más que hablar de frente y con la verdad ante el pueblo oaxaqueño, que ya es decir mucho. Las acciones que el gobierno estatal, en coordinación con los instrumentos que la ley le pone en las manos, deben ser de carácter de urgente. Y es que en la misma conferencia en donde el ejecutivo reconoció la realidad de la seguridad pública en la entidad, también admitió que con certeza no estamos ubicados como prioritarios para el arribo de la Guardia Nacional. Y es que la Federación nos sigue tomando como el patito feo, habida cuenta de que era una promesa del titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, el arribo de la citada corporación. Ello da la oportunidad, no obstante, para que las instancias estatales en coordinación con las municipales, tomen acciones inmediatas para hacer frente a ese cáncer social que tanto ha lacerado a México y a millones de familias. No más promesas ni información torcida. La presencia de grupos criminales en la entidad requiere de la acción inmediata del gobierno. El primer paso está dado: la aceptación de parte de quien manda en el estado. Ahora sólo falta realizar los ajustes necesarios para combatir ese flagelo público letal.
Sindicatos criminales
Con el homicidio del dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), René Hernández Sánchez y uno de sus escoltas el pasado domingo, queda claro que los grupos y organizaciones que explotan a placer el transporte concesionado, son en realidad cárteles criminales que se disputan a sangre y fuego el control de este rico filón económico. Han cubierto diversos rubros de la economía, hasta del comercio en la vía pública tienen el control. Hay que recordar que la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en donde participaba el difunto Hernández Sánchez, bajo el férreo control de Marco Antonio Sánchez Cruz, hoy en un penal federal, tenían el control del cobro de derecho de piso de burdeles, cantinas y demás centros de vicio en algunos municipios conurbados. Para darnos cuenta del nivel de peligrosidad de dirigentes y sicarios al servicio de sindicatos y demás organizaciones, hay que ver solamente la protección que tienen con cuatro o cinco sujetos armados a su servicio. ¿Tienen permiso de portar armas de fuego y quiénes les han autorizado dichos excesos?
El Sindicato “Libertad”, que hace algunos años fundaran los hermanos Díaz Pantoja, hoy en penales federales de mediana seguridad, fue franquicia prácticamente de los hermanos Luis Villaseca, hijos del desaparecido Juan Luis Martínez, jefe del clan de hermanos (a), que han muerto de manera trágica, acabándose entre sí. “Libertad” es encabezado por Guadalupe Díaz Pantoja, desde cuyo arribo a la dirigencia se ha transformado en un verdadero cártel de violencia. Ante el arribo de CATEM y desmantelados algunos sindicatos como CTM y “14 de Junio”, el mercado de las concesiones y los contratos de obra son disputados a sangre y fuego por CATEM y “Libertad”. ¿No es tiempo ya de que el gobierno de Alejandro Murat, en coordinación con la Federación les pongan un hasta aquí, vistos como están hoy dichos gremios, convertidos en verdaderos cárteles de la droga? Mucho hemos insistido en este espacio editorial en dicho tema. No es el transporte lo que les preocupa ni mucho menos el traslado de materiales pétreos. Están interesados en otros negocios, no precisamente lícitos, sino abiertamente criminales. Hay que reconocer que el reconocimiento tácito del gobernador de la presencia indiscutible de la delincuencia organizada, en algo puede contribuir a combatirla de manera frontal.
