Somos testigos de episodios que retratan con claridad la relación entre la CNTE y el gobierno actual. Tras semanas de protestas, bloqueos y afectaciones tanto en Oaxaca como en la Ciudad de México, la Coordinadora suspendió sus movilizaciones luego de alcanzar acuerdos que incluyen una bolsa de 800 millones de pesos. Este patrón, repetido durante años, evidencia un mecanismo de presión política que ha convertido la gobernabilidad en una moneda de cambio.
Las razones que llevaron a la CNTE a pausar sus acciones contrastan con la historia de la educación pública en Oaxaca. Durante el siglo XIX, la educación fue concebida como una herramienta fundamental para construir ciudadanía y fortalecer la República. El Instituto de Ciencias y Artes del Estado, fundado en 1827, se convirtió en uno de los proyectos educativos más importantes del país y formó a personajes como Benito Juárez y Porfirio Díaz. En una entidad marcada por la pobreza y la diversidad cultural, la educación representaba una de las principales vías para el progreso.
A finales del siglo XIX y principios del XX, Oaxaca alcanzó un notable prestigio educativo. El normalismo oaxaqueño se colocó a la vanguardia nacional y los maestros rurales eran vistos como líderes comunitarios, promotores de salud y agentes de desarrollo. Muchos asumían su labor como un auténtico apostolado, enfrentando largas jornadas y difíciles condiciones de vida para llevar educación a las comunidades más apartadas.
La Revolución Mexicana y el impulso de José Vasconcelos fortalecieron la educación pública como instrumento de integración nacional y movilidad social. Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron nuevas dinámicas. La CNTE nació en la década de 1980 como respuesta a demandas laborales y sindicales legítimas, pero gradualmente acumuló un importante poder político. En Oaxaca, la Sección 22 dejó de ser únicamente una organización gremial para convertirse en un actor capaz de influir en decisiones gubernamentales, paralizar regiones enteras y condicionar acuerdos políticos.
Paradójicamente, esta alianza entre la CNTE y los gobiernos identificados con su proyecto político no ha generado mejores resultados educativos. Oaxaca continúa registrando rezagos importantes en distintos indicadores nacionales, mientras las negociaciones entre autoridades y dirigencias sindicales siguen un esquema conocido: movilización, presión, afectaciones a terceros y, finalmente, recursos y concesiones.
La situación también refleja una contradicción para quienes hoy gobiernan Oaxaca. Durante años formaron parte de movimientos que cuestionaban a los gobiernos por su incapacidad para resolver conflictos sociales; ahora enfrentan el mismo desafío desde el poder.
Los 800 millones de pesos anunciados representan más que una partida presupuestal. Simbolizan una relación política que muchos consideran desgastada y poco transparente. La vieja frase atribuida a Álvaro Obregón sobre los “cañonazos” adquiere nuevos significados en un contexto donde los montos son mayores y las consecuencias más profundas.
La tragedia de Oaxaca no es únicamente educativa, sino también institucional. Un estado que alguna vez fue referente nacional en la formación de maestros enfrenta hoy el desafío de recuperar el sentido de la educación como motor de desarrollo. Mientras gobiernos y grupos de poder negocian recursos e influencia, los estudiantes continúan pagando el costo de décadas de rezago y conflictos que parecen no tener fin.
