El “exilio” de Anaya

Por Ernesto Hernández Norzagaray

Ricardo Anaya está aterrorizado, ha perdido la tranquilidad y el fuelle de la contundencia en los debates presidenciales de 2018, huye al “exilio”, probablemente en su residencia de Atlanta, pero, en su miedo, se le olvida que es alcanzable, cómo sucedió antes, con César Duarte en la Unión Americana, Tomás Yarrington en Italia, Emilio Lozoya en España o Javier Duarte, en Guatemala y que todo, es cuestión de tiempo, para ser presentado ante la autoridad.
Sabía que al no presentarse a declarar en los juzgados del Reclusorio Norte caía en desacato a la autoridad judicial y eso le complicaría su situación jurídica, pasaría de presunto culpable, a prófugo de la justicia y, así, se activarán los pedidos de búsqueda y captura internacional, por eso se presentó virtualmente.
Anaya tiene una alta autoestima, se siente llamado a ser el candidato presidencial natural de la oposición en 2024 y ya habilitado como tal, quien eche del poder al lopezobradorismo, pero ya cometió un error imperdonable en un líder opositor: huyó y desde la comodidad de su residencia de Atlanta podrá seguir subiendo videos y lanzando tuits, pero eso desgasta y es ajeno a nuestras tradiciones políticas.
La historia nacional registra exilios pactados contra quienes habiendo concluido su mandato buscaban seguir influyendo en los gobiernos, como fue el caso de Plutarco Elías Calles, quien, quería seguir ejerciendo como Jefe Máximo en el Gobierno de Lázaro Cárdenas, pero, luego de la visita de Narciso Bassols y Jesús Silva Herzog a su residencia en Cuernavaca, se fue a vivir a San Diego, California, durante el resto del Gobierno cardenista y volvió ya entrado el avilacamachismo; también Luis Echeverría tuvo que irse, pero con una Embajada sui generis bajo el brazo, la de las remotas islas Fiji, que le encomendó su amigo José López Portillo con una sonrisa socarrona.
También, ha habido asesinatos políticos, la peor forma de salir de la política, ahí están las muertes de Manuel Clouthier, Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu. Y eso fue ya en democracia. No obstante, se siguió mandando a políticos relevantes a las embajadas, como sucedió con Jesús Silva Herzog, hijo, a quien después de disputar la candidatura presidencial a Carlos Salinas se le asignó la Embajada de México en España, algo que no ocurrió con el mismo Carlos Salinas, quien luego de aquella huelga de hambre de día y medio en San Bernabé, Monterrey, empezó una travesía internacional que lo llevó finalmente a Irlanda durante todo el Gobierno de Ernesto Zedillo. El otrora todo poderoso Salinas dejaba atrás el cadáver de Luis Donaldo Colosio y en prisión a su hermano Raúl, acusado de estar vinculado a la muerte de su cuñado Francisco Ruiz Massieu, quien fungía como dirigente nacional del PRI cuando le dieron los tres tiros.
Luego hay un intermedio, durante los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto, cuando luego del discurso de las “alimañas, tepocatas y víboras prietas”, no pasó nada relevante, salvo que a Porfirio Muñoz Ledo, quien había sido candidato presidencial del PARM y terminó apoyando la candidatura de Vicente Fox, se le recompensó como Embajador de México ante la Unión Europea, luego nadie importante de la élite política fue detenido a pesar de la oferta de limpieza política, tampoco exiliado para retirarse silenciosamente de la vida pública o en la comodidad de una Embajada, por el contrario, Carlos Salinas regresó y fue rehabilitado políticamente, y ahora está el caso Ricardo Anaya que tiene sus singularidades.
Anaya fue señalado por sus propios correligionarios y hoy miembros de la coalición “Va por México” de estar vinculado a algunas operaciones de lo que hoy se le acusa: recursos de procedencia ilícita, delitos electorales, asociación delictuosa, enriquecimiento inexplicable y sobre todo, señalado por Emilio Lozoya, el extitular de Pemex durante el Gobierno de Peña Nieto, de ser parte del tejemaneje del affaire corrupto de Odebrecht que, no olvidemos, el escándalo es anterior a este Gobierno y es donde se debilita su defensa de que él es un perseguido político y, sin duda, estar señalado tiene consecuencias políticas.
No es cualquier hijo de vecina, fue el segundo candidato presidencial más votado en 2018 y en su campaña ha venido diciendo que aspira a repetir su oferta en 2024, lo que complejiza su situación porque no es cualquier pillo de siete suelas. Su estatus político sirve para acusar a este Gobierno de intolerante con la oposición, se auto victimiza pues sabe que su mejor defensa es el ataque contra el Presidente López Obrador, quien a su vez se defiende diciendo comedidamente que para qué huye: “Si es inocente”, si no tiene deudas con la justicia, y en última instancia, puede salir bien librado.
El problema es que la FGR no se ha caracterizado por su eficiencia y el mejor ejemplo es el mismo caso Odebrecht, que un desesperado López Obrador ha señalado a Gertz Manero de no ofrecer resultados y lo peor es que esta ineficiencia igual puede llevar a que se cometan yerros de procedimiento que le sirva a los indiciados por estos delitos u otros. Ahí radica la contradicción ya permanente entre la UIF y la misma FGR.
Pero Anaya está aterrorizado, pues puede pasar de ser un buen excandidato presidencial a simple reo del penal de Santa Martha Acatitla o en Almoloya de Juárez, por lo que opta por “autoexiliarse” esperando que las condiciones cambien, pero su potenciales aliados políticos han sido cautelosos, salvo Marko Cortés, porque en el PRI y el PRD saben que es una “papa caliente” y apostar capital político a su defensa puede provocar un retroceso en lo ganado en la pasada elección y la posibilidad de nuevas alianzas políticas.