Excesos en Santa Lucía

* Descuentos a los Priistas
* Se van dos Partidos Locales

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca investiga posibles violaciones a los derechos humano de Zeferino Soriano Morales, detenido por la policía municipal por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública y horas más tarde apareció muerto en una celda de la cárcel municipal de la Comisaría de Seguridad Pública de Santa Lucía del Camino.

Dentro de la indagatoria iniciada por la Defensoría se requirió a la autoridad del municipio de Santa Lucía del Camino rendir un informe detallado respecto a su intervención en este suceso, a fin de valorar si en este caso pudo ocurrir una ejecución extrajudicial.

Abrió el expediente DDHPO/1314/(01)/OAX/2017, tras conocer por medios de comunicación que al término de la misa de cuerpo presente de la persona que falleció en los separos, se suscitó un conflicto en las instalaciones de la policía municipal de Santa Lucía del Camino, luego de que familiares de la víctima llevaran el ataúd a ese lugar.

Solicitó a Raúl Cruz González, presidente municipal de Santa Lucía del Camino, la adopción de una medida cautelar consistente en instruir a los elementos de la policía municipal involucrados en los sucesos para que se abstengan de causar actos de molestia en contra de los familiares de la persona fallecida. Como también pidió la colaboración a la Fiscalía General del Estado para que informe el resultado de la necropsia, así como los avances de la indagatoria.

Es indudable que existe una profunda irritación entre la ciudadanía de Santa Lucía del Camino por este indignante suceso que no puede ni debe quedar en el olvido, mucho menos en la impunidad. Reclama de una investigación exhaustiva y puntual para desaliñado responsabilidades, ante el riesgo de que la crispación se haga presente en la comunidad.

… A VUELO DE PÁJARO

Ante tal escenario, la misma Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca se pronunció porque el ayuntamiento de Santa Lucía del Camino proceda a cesar las constantes violaciones a los derechos humanos que han cometido elementos de la policía, pues en los últimos doce meses la institución defensora ha iniciado 54 expedientes de queja por ese motivo. Ese municipio figura entre las que más violaciones a derechos humanos cometen en la entidad.

Los que fueron

Al iniciar los trabajos de las mesas temáticas de la XXII Asamblea Nacional, la clase política del PRI en el estado abarrotó aeropuertos y centrales camioneras para acudir a las cinco sedes en donde habrá mesas temáticas como Visión de Futuro en Jalisco, Programa de Acción en Edomex, Declaración de Principios en Coahuila y Rendición de Cuentas en Sinaloa, así como Estatutos en Campeche. En estas tareas partidistas se encuentran, entre otros, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, los delegados de Economía y Sedesol, Adolfo Toledo Infanzón y Alejandro Avilés Álvarez.

Ahí coincidieron los exgobernadores José Murat y Ulises Ruiz, Héctor Pablo Ramírez Puga y Martínez Vásquez Villanueva. En la mesa de Estatutos inició el debate de las 53 reservas presentadas; por no haber presentado redacción formal, 27 fueron desechadas.

Descuentos

La Secretaría de Administración informó que en el pleno ejercicio de sus derechos políticos y en apego irrestricto con la norma administrativa, el Gobernador del Estado presentó su solicitud de no gozar de su sueldo durante estos dos días, al precisar que los servidores de la Administración Pública Estatal deben cumplir y hacer cumplir lo que la Ley les señala. La dependencia realizará los descuentos respectivos a los titulares de diversas áreas del Gabinete Legal y Ampliado, que solicitaron por escrito permiso sin goce de sueldo durante los días 9 y 10 de agosto, debido a su participación como militantes en la XXII Asamblea Nacional Ordinaria del PRI.

A liquidación

Cuál si fueran saldos, dos partidos políticos locales en Oaxaca están en proceso de liquidación al perder su registro en las pasadas elecciones. Se trata de los partidos Socialdemócrata de Oaxaca y Renovación Social que deberán cubrir adeudos con acreedores y empleados. A decir de Elizabeth Bautista, consejera electoral del IEEPCO, en este proceso se cuenta con un interventor para dar seguimiento a los activos y cubrir a acreedores y trabajadores, además ya no pueden ocupar vehículos ni edificios que hayan arrendado, porque son solo para actividades electorales.

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