Desde la creación de esta organización, el llamado “Frente 14 de Junio”, se advirtió de prácticas delictivas y contra la ley en su operación. Encabezada por un sujeto de nombre Francisco Martínez Sánchez, alias “Don Panchito” o “Pancho Mugre”, se convirtió en azote gubernamental y de colonias marginales, que se ubican en jurisdicción de la Villa de Zaachila. El aludido fue puesto fuera de la ley acusado de diversos ilícitos. Actualmente está prófugo de la justicia local. Hace poco más de un año, uno de sus hijos fue detenido, acusado de homicidio doloso. La semana anterior fue detenido otro de sus vástagos. Le fueron aseguradas una camioneta, armas de fuego y chalecos tácticos. Es decir, ha caminado al filo de la ley. Una de sus vetas es el cobro de derecho de piso a comerciantes de tomate y verduras que se ubican en el playón del Río Atoyac, además de regentar taxis, moto-taxis y hasta camiones para el transporte de materiales.
Luego de la segunda detención, desde la clandestinidad en donde se encuentra, “Pancho Mugre” movilizó a sus leales. Bloquearon los cruceros del “Parque del Amor” y de “Cinco Señores”, en un intento fallido de doblegar a las autoridades para liberar a Enrique Francisco Martínez. No lo lograron. La rápida acción de la Policía Estatal Preventiva los desalojó y activó las vialidades. Se trató de un evento inédito en el gobierno de Alejandro Murat, en donde parece prevalecer un miedo cerval para aplicar la ley. La ciudadanía de la capital aplaudió la intervención policíaca, opinando algunos ciudadanos que esto es lo que debe prevalecer cuando se conculca el derecho a la libre circulación.
Sin embargo, para nadie es un secreto que delincuentes como Don Panchito siempre cuentan con la protección de funcionarios o servidores públicos, pues un sujeto sin escrúpulos y violento, siempre sirve a sus intereses. Es obvio que cuando la Fiscalía General del Estado (FGEO) lo disponga, el dirigente del llamado “Frente 14 de junio” estará bajo custodia en algún penal estatal. Empero, ello no ha ocurrido y en el imaginario colectivo sigue prófugo, pero desde el lugar en que se encuentra, sus leales siguen acosando a comerciantes tanto del comercio formal como de los que dicha organización tiene en el Centro Histórico. Porque no es un secreto que parte del problema del ambulantaje, ha sido propiciado por la citada organización, calificada como beligerante.
Cuentas claras
Todo apunta a que, de las auditorías a dependencia y entidades que ha dispuesto la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el gobierno de Alejandro Murat ha salido bien librado. Y es que algunos gobiernos estatales se han puesto a temblar con las observaciones y urgentes solventaciones que el órgano les ha solicitado, en torno a la Cuenta Pública 2020. Y es que mientras en el país se habla de un daño al erario por casi 589 millones de pesos tras 125 auditorías de Secretarías y programas federales, el gobierno oaxaqueño salió bien librado, con observaciones de cerca de 730 mil pesos de un monto total fiscalizado por 10 mil 494.4 millones de pesos, que corresponden a la ministración de recursos 2020. En los corrillos gubernamentales se menciona que el ejecutivo estatal ha sido cuidadoso en este tema, por lo que el argumento anterior habla de un manejo sano de recursos, como ha insistido, el titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG) de Oaxaca, José Ángel Díaz Navarro.
Hace unos días trascendió que había un hoyo en el programa de “Escuelas al Cien”, que operó el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED). Sin embargo, según se desprende de la información disponible, dicha entidad gubernamental entregó en tiempo y forma la documentación correspondiente para subsanar las operaciones, teniendo observaciones por sólo 730 mil. Sin embargo, se dice que como no hubo coincidencia en los tiempos marcados por la ASF, será hasta fechas próximas cuando se notificará al gobierno estatal, lo cual lo ubica –insistimos- en un estatus de manejo eficiente y transparente de estos recursos federales.
Nada tan oportuno como atender las observaciones del órgano federal, habida cuenta de que estamos ya a un año y cinco meses del cierre de esta administración. Se sabe que la ASF contempla la revisión de 27 auditorías al gobierno estatal. No obstante, también ha trascendido que ha salido bien librado, gracias a la aplicación en la administración estatal de políticas de transparencia y uso eficiente de los recursos que la Federación ministra al estado, vía programas diversos. Se espera pues que, como se dice vulgarmente, les amarren las manos a aquellos servidores públicos que, conscientes de que, en la recta final, hay que hacer efectivo el llamado “Año de Hidalgo”, algo tan común en el sistema político mexicano, del que no se salvan ni siquiera los nuevos íconos de la honestidad enquistados en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
