La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno Alejandro Murat Hinojosa y al titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), Arturo de Jesús Peimbert Calvo, por el caso de la agresión a la saxofonista mixteca, María Elena Ríos, quemada con ácido el 9 de septiembre de 2019 “por vulnerar el derecho a una vida libre de violencia en su modalidad de violencia institucional; así como por incumplir su obligación de atender e investigar la violencia contra las mujeres”, señala un comunicado oficial.
En su sitio web, la CNDH agrega que, el documento se emite, además “por vulnerar el acceso a la justicia en la modalidad de procuración con perspectiva de género, en agravio de una mujer que fue atacada con ácido en la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, así como de sus familiares, víctimas indirectas del ataque y que fueron revictimizadas durante el desarrollo de las investigaciones judiciales para esclarecer la agresión.
María Elena Ríos fue agredida y sufrió graves quemaduras en cara y cuerpo, luego de ser rociada con ácido sulfúrico por instrucciones de Juan Antonio Vera Hernández, hijo del presunto autor intelectual de este ataque, el ex diputado priista, Juan Antonio Vera Carrizal, expareja de la agredida.
El 21 de febrero del 2020, esta Comisión Nacional acordó atraer el caso que se encontraba en estudio de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca y por el cual la FGE integró tres carpetas de investigación: la primera inicialmente por el delito de lesiones calificadas, pero reclasificado a feminicidio en grado de tentativa; la segunda, promovida por la víctima por delitos contra la intimidad sexual y; la tercera, por tráfico de influencias y por el delito de concusión, que se refiere a la exigencia de pagos y beneficios extra legales por parte de servidores públicos.
Tanto la agresión con ácido, como las respuestas y omisiones de las autoridades, ocurrieron en el marco de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), que se encuentra activada en el estado de Oaxaca desde el 30 de agosto de 2018 por violencia feminicida; además, se consideró a la ciudad de Huajuapan entre las localidades que requerían la implementación de acciones de emergencia.
La CNDH indicó que se puede observar que los procesos de apoyo y atención por parte de las distintas autoridades del gobierno estatal y de la FGE de Oaxaca, comenzaron a llevarse a cabo solo después de que la víctima y sus familiares lograron la atención de la prensa.
Se evidenció que la FGE de Oaxaca no elaboró un plan de protección en coordinación con otras dependencias de la administración pública estatal o municipal, ni ejecutó adecuadamente medidas en favor de la víctima ni de sus familiares; y considera que las autoridades responsables, señaladas en este caso, debieron realizar las diligencias de manera autónoma, sin necesidad del impulso procesal de las víctimas o de la exposición del caso a la opinión pública a través de los medios de comunicación.
Tanto la Fiscalía como el gobierno estatal incurrieron en responsabilidad institucional, faltando a la misión que les fue encomendada, en agravio de personas que forman parte de su comunidad.
La CNDH pide al gobernador de Oaxaca y al fiscal general de la entidad que procedan a la inmediata reparación del daño ocasionado a la víctima y a sus familiares, en los términos y condiciones que establece la Ley General de Víctimas.
Al gobernador se solicita realizar de manera inmediata una campaña de promoción y difusión de los derechos de las mujeres, víctimas de violencia de género en toda la entidad, con duración de al menos un año.
Al titular de la FGE de Oaxaca le solicita que se realice las gestiones necesarias para crear la Unidad de Análisis de contexto, que investigue las circunstancias en cada uno de los casos de feminicidio, homicidio doloso y desaparición de niñas, mujeres y adolescentes, y que se destinen para sus funciones instalaciones adecuadas, personal capacitado y recursos.
