Con palos y machetes, un grupo de habitantes del municipio de Santa Inés del Monte, se manifestaron, retuvieron y agredieron a ciudadanos y ciudadanas que acudieron al Congreso del Estado de Oaxaca a realizar algún trámites u actividad.
Bajo la consigna de solicitar una auditoría al presidente municipal, las y los inconformes retuvieron a trabajadores, personas que acudieron a realizar gestiones y trámites, así como a los representantes de los medios de comunicación; fueron golpeados dos periodistas.
Los comuneros fueron encabezados por al menos 10 sujetos, quienes ordenaban agredir a quienes pretendieran salir del complejo legislativo. “Pueden entrar, pero nadie puede salir”, fueron las órdenes de los líderes, quienes arremetieron con periodistas que habían ingresado a la cámara de diputados para cubrir una conferencia convocada por familiares de la joven Abigail, quien perdió la vida en los separos de la policía municipal de Salina Cruz.
Al intentar salir de la sede del Poder Legislativo, los representantes de los medios de comunicación fueron agredidos con palos y piedras, incluso con machetes, por lo que anunciaron que presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), a fin de sancionar a los líderes de esta comunidad en donde existe un conflicto por el control de los recursos públicos.
Pese a la manifestación, la sesión que estaba programada a las 11:00 horas inició con un retraso de más de tres horas, en donde integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado y a los cuerpos policiacos municipales de los 570 municipios de la entidad federativa, para que brinde las medidas necesarias a efecto de asegurarse que en los lugares donde se disponga la detención de ciudadanos, (“separos”) se implementen sistemas de vigilancia a través de videos, para que los detenidos no se vean afectados en su derecho de acceder a familiares y visitantes, a sus abogados y a los médicos que les vayan a examinar.
Además, demandaron hacer públicos a la sociedad los lugares autorizados y destinados para la detención de personas en flagrancia por delitos o por faltas administrativas para así evitar la desaparición de personas o se les cause daño, de la misma manera exhortaron a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), para que en cumplimiento de sus atribuciones tenga una presencia cotidiana en los llamados “separos” y en todos los lugares de detención que existan en el Estado, para garantizar el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos en detención.
