Organizaciones No Gubernamentales (ONG) afirmaron que derivado de la puesta en marcha del proyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), a las comunidades indígenas se les ha negado su reconocimiento como sujetos de derecho público.
De acuerdo a un reporte del gobierno federal en el marco del VI Informe de Gobierno, el CIIT es un proyecto rentable, ya que para el caso de las líneas ferrocarrileras, el punto de equilibrio será alcanzado en el primer trimestre de 2027 con mil 732 millones de pesos.
Subrayó que los dos puertos estratégicos de este proyecto: Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, tienen capacidad para movilizar cerca de 300 mil contenedores por año, aunado a que en su punto de consolidación llegarán a un millón 400 mil contenedores anuales.
A su vez, la Secretaría de Marina impulsa el desarrollo en el municipio de Matías Romero a través de la instalación de un complejo ferroviario que consiste en un centro único de despacho, talleres, cocheras, centro de capacitación, edificio corporativo y rehabilitación de la estación histórica, a la fecha el avance general es del 26% y su conclusión está prevista para junio de 2025.
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Explicó que la Línea Z conecta los océanos Pacífico y Atlántico desde los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca, en un recorrido máximo de siete horas, ha movilizado en total a 44 mil 313 pasajeros y 109 mil 665 toneladas de diferentes tipos de carga; arcilla, cemento, maíz y arena.
Sin embargo, las Ong destacan que con la puesta en marcha del CIIT existe una multiplicidad de derechos violados a las comunidades indígenas de la zona y los opositores al proyecto federal.
Pues, de acuerdo con el Informe, 10 hombres y 6 mujeres han sido víctimas de probable desaparición forzada, toda vez que habrían sido privadas de la libertad por autoridades estatales.
Por lo cual urgen, garantizar la implementación urgente de medidas de protección efectivas en favor de las personas defensoras del medio ambiente y el territorio, cuyas medidas deben de ser acordadas con las personas defensoras y tener pertinencia de contexto, perspectiva de género y comunitaria
Exigieron cumplir con las obligaciones de debida diligencia en el marco de la investigación y sanción de los delitos y violaciones a derechos humanos cometidas en contra de las personas y comunidades defenso-ras, así como sus familiares, conforme a los parámetros constitucionales correspondientes a los derechos de las personas defensoras ambientales.
