Con un tendedero hecho a manera de “velorio”, madres autónomas y activistas denunciaron públicamente a decenas de hombres que han incumplido con sus responsabilidades como padres, pues no han otorgado las pensiones y/o no han reconocido a sus hijos. Además, porque durante los procesos jurídicos en los que las madres exigen el derecho de las infancias, los progenitores ejercen violencia vicaria.
Ante turistas y locales que pasaban por el zócalo para ver los altares y tapetes de arena, el colectivo fue colocando uno a uno los carteles y lonas con los rostros de los deudores, varios de ellos profesionistas que por dos o hasta 15 años “se han hecho los muertos” para evadir sus responsabilidades. Incluso a pesar de tener varios expedientes penales o de juicios ante los juzgados familiares.
Maricruz Velázquez, integrante del colectivo y quien portó la figura de una lápida en la que representaba la muerte de la justicia para las y los hijos, explicó que la protesta fue para mostrar a “los hombres que en vida han decidido que están muertos para sus hijos” y para exigir pensiones dignas y justas.
Asimismo, para solicitar al magistrado presidente del Poder Judicial del estado, Eduardo Pinacho Sánchez, que dialogue con su personal para que los juzgados familiares no sigan cerrados. Esto luego de las protestas que a nivel nacional emprendieron empleados de los juzgados por la eliminación de 13 fideicomisos.
Con este paro de labores, explicó que los procesos de las miles de madres que han denunciado la irresponsabilidad de los padres se han demorado mes y medio más. Como ello, exigió que en el estado se implemente el Sistema de Atención a Requerimientos de Información de Autoridad (Siara), pues este les ayuda a ellas a demostrar los ingresos reales de los deudores y así poder exigir pensiones alimenticias justas.
La integrante del colectivo que retoma la ley por la que se creó un registro nacional de deudores alimentarios, también denunció la falta de defensores de oficio para llevar casos para exigir las pensiones alimenticias, pues apenas son 50. Esto hace que las miles de madres autónomas tengan que asumir más responsabilidades, tanto en pagar abogados como en la alimentación, crianza y demás necesidades de las y los menores de edad.
