Al dar a conocer los resultados del diagnóstico de los Ríos Atoyac y Salado, la Secretaria de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso), Helena Iturribarría Rojas, informó que se detectaron 86 descargas directas de aguas negras en 54 municipios que se ubican en la cuenca de estos afluentes.
Explicó que el diagnóstico tuvo un costo de alrededor de 10 millones de pesos (mdp), que incluyó levantamientos topográficos, componentes socio-económicos, caracterización de flora y fauna y la revisión del marco jurídico.
“El tema de los ríos ha sido utilizado incluso para campañas políticas, prometiendo que ahora sí se va rescatar, pero sigue empeorando, el tema es multifactorial desde administrativo por parte de los municipios, hay infinidad de plantas de tratamientos sin funcionar, algunas se quedaron medias y esa es una de las acciones que se deben retomar porque los afluentes tienen mucha contaminación por drenaje, es contaminación orgánica y doméstica”.
Refirió que en los recorridos se detectaron 86 descargas directas en estos ríos, lo que equivale a 345 litros por segundo. “Se está tirando aguas de drenaje al río como si fueran 124 pipas cada hora, eso es mucha contaminación”, afirmó Iturribarría Rojas.
En su comparecencia, las y los diputados integrantes de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Energías Renovables y Cambio Climático, demandaron a la funcionaria redoblar esfuerzos para el rescate de los ríos.
“Ha simulado acciones de protección al ambiente y ante el daño en la materia, se requieren de acciones que realmente atiendan los problemas ambientales. Simular en esta materia es criminal, vamos hacia una catástrofe climática, hambruna, migración, incendios, muertes prematuras por la contaminación, el conflicto por el agua, se requieren medidas urgentes ahora”, señaló el diputado Horacio Sosa del partido Morena.
Por su parte, Melina Hernández Sosa exigió a la titular de la Semaedeso aplicar acciones para el saneamiento de los ríos Atoyac, Salado y los de la Cuenca del Papaloapan, combatir la tala ilegal en las comunidades indígenas, reducir las enfermedades forestales, impulsar la reforestación y la conservación del suelo como en la Mixteca, región donde se presenta alto grado de erosión.
Entre las demandas de los legisladores también destacan el cumplimiento de la ley de residuos sólidos que prohibe el uso de productos como el plástico, unicel y el PET.
