Agresiones, criminalización y falta de valoración son parte de lo que padecen las personas defensoras de los derechos humanos en Oaxaca y el país. En los últimos tres años, en la entidad se han registrado 85 agresiones, señaló la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO). Y en lo que va del 2020, se han abierto 15 expedientes al respecto.
Guillermo Rodríguez, integrante para Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), apuntó que en México van al menos 22 asesinatos de defensoras de derechos humanos o que han ejercido la defensa de la libertad de expresión. Defender los derechos humanos, señaló, es una tarea de alto riesgo.
Frente a este panorama, la embajadora de Noruega en México, Rut Krüger Giverin, externó que documentar y denunciar violaciones es un deber que tienen los estados, además de promover los derechos humanos y cumplir con sus obligaciones.
Preocupada por este clima que impera en el país y en el que Oaxaca no ha sido ajeno, la embajadora indicó que se ha observado un crecimiento de violencia hacia defensores, mujeres y periodistas.
“Estamos mandando un mensaje al gobierno de que tiene que mejorar los esfuerzos para garantizar los esfuerzos de los defensores de derechos humanos”.
Durante la firma de un acuerdo para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, este viernes en Oaxaca, el titular de la DDHPO, Bernardo Rodríguez Alamilla reconoció que los defensores están en situaciones de riesgo a raíz de su labor.
Y que con las agresiones no solo atentan contra ellas sino que atacan a la sociedad y a la democracia. Sobre los 15 expedientes abiertos al respecto, detalló que estos abarcan detenciones arbitrarias, tratos crueles, amenazas, intimidación y hostigamiento.
Frente a este contexto, la DDHPO, la organización Código DH, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo (CADH) firmaron un acuerdo para el reconocimiento y la protección de las y los defensores.
La DDHPO explicó que “el acuerdo prevé que las instancias establezcan un mecanismo para el seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones que se desarrollen de manera conjunta, incentivando la participación amplia de instituciones, organizaciones de la sociedad civil, expertos y expertas en la materia”.
Además de que “favorezcan un contexto libre de cualquier forma de violencia para el desarrollo de su labor; garantizar la igualdad, la no discriminación, así como un enfoque de género e intercultural en sus acciones”.
La actividad fue atestiguada en videoconferencia por la embajadora de Noruega en México, Rut Krüger Giverin; el cónsul honorario de la Embajada de Alemania en México, Oliver Hunkler; el integrante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Guillermo Rodríguez, y por el Fondo Noruego de Derechos Humanos, Alexandra Jiménez.
