Organizaciones de la sociedad civil que integran la Acción Colectiva para los Derechos Humanos de Oaxaca (ACDH), señalaron que en lo que va de la administración del gobernador Salomón Jara Cruz, en la entidad han sido privadas de la vida al menos 32 personas defensoras.
Este martes, durante la presentación del segundo informe sobre la situación de los derechos humanos (DDHH) en el estado de Oaxaca, titulado “¿Avanza o no, el Respeto a los DDHH en Oaxaca?”, las organizaciones también señalaron que en los primeros dos años y medio de la actual administración, se registraron 44 agresiones contra personas en lo individual y 70 agresiones contra grupos, comunidades, colectivos, organizaciones o movimientos sociales en Oaxaca.
En estas agresiones han resultado asesinadas las y los 32 defensores, explicaron.
Asimismo, señalaron que en la actual administración estatal hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos, además de “altos niveles de impunidad y una débil respuesta institucional por parte del estado frente a esas graves violaciones”.
OCULTAN INFORMACIÓN
“Hemos documentado que hay opacidad y ocultamiento de información y la incapacidad de una consulta y escucha. Una de las razones por las que las víctimas agraviadas, ya sea en lo individual o en lo colectivo, no reciben respuesta a sus demandas es que el gobierno no les brinda la información que requieren”, detallado en conferencia de prensa este martes, en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca.
Como parte del informe, las 23 organizaciones de la Acción Colectiva explicaron que entre los grupos de población más vulnerado están las personas lesbianas, gays, bisexuales, no binarias, transgénero e intersexuales, quienes siguen siendo excluidas e invisivilizadas en el registro de personas desaparecidas.
Las organizaciones se refirieron también a diversos casos de comunidades indígenas afectadas por los conflictos agrarios como las familias desplazadas de San Juan Mazatlán Mixe. Además de exponer los problemas para las personas migrantes en su paso por la entidad, como en el caso de las dos niñas migrantes originarias de Haití que murieron al caer en una fosa séptica del albergue Casa Pato, mientras estaban bajo resguardo del sistema DIF Oaxaca.
El respeto a los derechos de se ha convertido en una deuda estructural por parte del Estado, incluso en este último gobierno a partir de la omisión cometida por el estado, apuntaron organizaciones como el Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta A.C, Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, Servicios para una Educación Alternativa y Ojo de Agua Comunicación, algunas de las organizaciones que integran la Acción Colectiva.
