El exdirector del Catastro de Oaxaca, J.A.Z.M., quien formó parte del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, fue declarado culpable por el delito de ejercicio ilícito del servicio público. Un juez penal le impuso una condena de 8 años, 7 meses y 15 días de prisión. Además, se le impuso una multa de 1 millón 600 mil pesos, que será destinada a la reparación del daño al erario estatal.
UN CASO EMBLEMÁTICO DE CORRUPCIÓN
El exfuncionario fue hallado responsable de facilitar el despojo ilegal de dos bienes inmuebles pertenecientes al doctor Gerardo Ricárdez Bernardino. Quien falleció durante la pandemia de COVID-19.
De acuerdo con la Fiscalía, J.A.Z.M. manipuló documentos oficiales para transferir los predios a prestanombres. En un esquema fraudulento coordinado desde oficinas gubernamentales.
EL “CÁRTEL DEL DESPOJO”: UNA RED DE CORRUPCIÓN ESTRUCTURADA
J.A.Z.M. ha sido identificado como una de las piezas clave del llamado “Cártel del Despojo”, una presunta red de exfuncionarios públicos, notarios, operadores inmobiliarios y cómplices. Los cuales durante el sexenio de Murat, llevaron a cabo una operación sistemática para apropiarse ilegalmente de propiedades privadas mediante documentación apócrifa y uso indebido del aparato estatal.
Actualmente, el sentenciado se encuentra recluido en el penal de Tanivet. Donde enfrentará otras causas penales relacionadas con el mismo esquema de corrupción.
UN PRECEDENTE EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN OAXACA
La sentencia contra J.A.Z.M. representa un hito legal en el combate a la corrupción inmobiliaria de alto nivel en Oaxaca. Es la primera resolución judicial firme dentro de una serie de investigaciones abiertas contra integrantes de esta red delictiva.
El Gobierno del Estado de Oaxaca, encabezado actualmente por Salomón Jara, ha reiterado su compromiso de recuperar los bienes saqueados y castigar a los responsables. Esto, sin importar su cargo o filiación política.
REPARACIÓN DEL DAÑO Y SIGUIENTES PASOS
La multa económica impuesta por el juez será destinada directamente a resarcir el daño patrimonial ocasionado al estado. Por su parte, la Fiscalía estatal y otras dependencias continúan integrando más expedientes penales, los cuales podrían derivar en nuevas órdenes de aprehensión en los próximos meses.
Finalmente, con esta acción judicial, se envía un mensaje claro de que la impunidad ya no será tolerada en Oaxaca, especialmente en casos donde el poder público fue utilizado para fines personales y criminales.
