Para Abimael Olivera Pérez, delegado en el Istmo de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), la llamada Ley Anti PET no solo ha generado severas afectaciones económicas, sino pone en riesgo cientos de empleos en Oaxaca.
Desde el pasado 25 de octubre entró en vigor la reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos que prohíbe la producción, uso y comercialización de envases PET.
En la región del Istmo están en riesgo 13,200 empleos de quienes se dedican a la venta de productos a base del PET y unicel, señaló el representante de la cámara.
Tanto en pequeños comercios de la ciudad capital, en la zona metropolitana y las ocho regiones, así como en grandes almacenes y tiendas comerciales, los productos de PET y unicel siguen a la venta.
Asimismo señala que durante los meses que lleva la pandemia de covid–19, tanto los productos desechables como de policarbonato han servido para la entrega y transportación de comida para los profesionales de la salud.
“Han sido momentos de mucho riesgo y cuidado de la salud en la población y esto ha servido para la venta de los insumos para la ciudadanía, pero ahora qué va a pasar con las prohibiciones, ellos ya se encargaron de satanizar el producto y ahora qué hacemos”, cuestiona el también empresario.
Olivera Pérez expone que las pérdidas económicas son millonarias por no poder comercializar el producto.
“A los legisladores locales se les olvida que si cierra una empresa, negocio o tiendita familiar se cancela también el pago de impuestos tanto en el ámbito municipal, estatal y federal”.
“Podemos denominar como populista a la ley anti PET porque afecta a la generación de empleo, lo satanizaron y tienen con un pie en la calle a cientos de trabajadores en Oaxaca”, acusó.
