Con el seguimiento que la organización México Evalúa realiza cada año del sistema penal en el país, los resultados publicados del periodo 2017, reflejó que Oaxaca no avanza lo suficiente.
En general, al dar seguimiento a las diferentes entidades, México Evalúa recomendó “retomar el tema del sistema de justicia como un problema público prioritario”.
Así también, a dos años de concluido el plazo para la implementación del nuevo sistema de justicia penal “y a diez años de la aprobación de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia”, señaló que el proceso de transformación continúa inacabado y que la consolidación plantea grandes desafíos que implican replicar y reforzar los aciertos y corregir los desatinos y rezagos.
En el documento publicado en la página web de esta organización, el seguimiento que se dio en 2017 señaló que “las prácticas de las instituciones y de los operadores, así como los resultados que están generando, continúan siendo el producto de una dinámica de ajuste y de una curva de aprendizaje que aún no ha concluido”.
Ante ello, consideró urgente “atender las deficiencias institucionales que impiden que el sistema sea capaz de dar respuesta a una cantidad creciente de asuntos, así como de investigar y sancionar delitos complejos, especialmente aquellos que dañan más a la sociedad”.
Reconoció que son pocas las entidades que han transitado hacia un esquema de coordinación enfocado en la consolidación que considere las nuevas necesidades del sistema, posteriores a su implementación.
Pese a que Oaxaca fue pionera en la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio-Adversarial y uno de los 13 estados que ha recibido mayor recurso para su funcionamiento, hasta la fecha no ha mostrado gran avance.
México Evalúa mostró resultados del índice de confianza en la justicia penal de 2011 a 2017, cuyo promedio nacional fue de -7.5, que reveló un nivel de desconfianza generalizada en el país.
Los números negativos también alcanzaron a Oaxaca con -3.7, aunque en otros estados como en la Ciudad de México y Morelos, fue de -27.6 y -15.6.
“Existen estados que presentan valores positivos, y que constituyen un ejemplo de que la confianza en la justicia sí se puede generar y mantener, como Yucatán (11%), Guanajuato (6.2%), Zacatecas (5.7%), Aguascalientes (5.3%) y Nuevo León (4.9%)”, resaltó.
En cuanto a la tasa de respuesta por institución estatal, encontraron que los Poderes Judiciales resultaron tener el mejor desempeño, mientras que las Secretarías de Seguridad Pública y los Centros de Atención a Víctimas fueron los que tuvieron la menor tasa de respuesta.
En general, Oaxaca obtuvo una tasa de respuesta de 81.3%, pero obtuvo 79.6% de respuestas útiles. En la primera, fue el décimo estado con el menor porcentaje de respuesta, pero estuvo en la media nacional en las respuestas útiles.
En 2017, solo la Fiscalía, el Poder Judicial reportaron inversión en capacitación en el SJP, a excepción de las autoridades de seguridad pública, defensores y comisiones de víctimas.
Sin embargo, todos reportaron acciones de capacitación en esa materia.
Para la implementación del SJP, México Evalúa señaló que en el caso de Oaxaca, se cuenta con 22.7 policías por cada 100 mil habitantes, 11.1 de ministerios públicos y apenas 0.7 de facilitadores.
Así también, no cuenta con defensores para este sistema ni asesores de víctimas, ni cuenta con suficientes jueces de control y de ejecución (1.4 y 0.1 respectivamente).
En este mismo documento, de una evaluación de 1990 a 2016, se observó que los estados que presentaron históricamente un promedio de tasas de homicidio más altas en el país son Chihuahua (41.2), Guerrero (39), Sinaloa (30.1), Durango (24.2) y Oaxaca (22.9); mientras que los estados que presentan menores tasas son Yucatán (2.7), Aguascalientes (3.8), Hidalgo (5.3), Querétaro (5.7) y Tlaxcala (5.7).
