Además de transgresiones a los protocolos de actuación por las autoridades de Acatlán de Pérez Figueroa, el asesinato del joven Alexander Martínez Gómez el 9 de junio de 2020, tuvo una serie de omisiones en la investigación por la Fiscalía General de Oaxaca cuando la encabezaba Rubén Vasconcelos Méndez.
Durante la conferencia virtual que dieron ayer defensores de Derechos Humanos, abogados y familiares del joven de 16 años de edad, para dar a conocer la recomendación 01/2021, se afirmó que el caso no fue un accidente y pedirán disculpas públicas a las autoridades competentes.
Consideraron fundamental la tipificación penal del delito de “ejecución arbitraria”, al considerar que la ausencia del mismo impide que este tipo de casos sean analizados, investigados, probados y razonados en su justa dimensión, como un acto ilícito de privación de la vida cometido por agentes del Estado en ejercicio.
Bernardo Rodríguez Alamilla, defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), recordó que el joven falleció cuando acudió a la tienda a comprar refrescos en compañía de otros amigos, pero a su paso se encontraron con una patrulla que les cerró el paso.
“Posteriormente, con disparos, lesionaron a Alexander en la cabeza, lo que ocasionó su muerte, además que hirieron a otro adolescente”, expuso el defensor, en el momento de presentar los resultados de la recomendación, como resultado de una serie de análisis, documentos y pruebas en torno al caso.
Precisó que la investigación que realizó la DDHPO constató que se violaron los derechos a la integridad personal por el uso ilegal de la fuerza, a la vida por detención arbitraria y a la verdad por no garantizar una investigación seria e imparcial.
Entre las conclusiones, dijo que no se acreditó la legalidad ni la absoluta necesidad que motivara accionar el uso de armas letales, “ya que no se estaba repeliendo una agresión o peligro real, actual o inminente”.
Expuso además que la investigación de la ejecución del adolescente Alexander no se ha llevado a cabo de manera seria, efectiva e imparcial, debido a que la intervención policial y ministerial en el lugar de los hechos, no se llevó a cabo conforme a las normas y protocolos que rigen su actuación.
“Las omisiones señaladas constituyen una afectación grave a la investigación y con ello configuran una violación del derecho a la verdad, porque propiciarán una investigación deficiente de la ejecución arbitraria que se analiza”.
Ante este caso, Rodríguez Alamilla afirmó que entre las recomendaciones que se le realizarán a las autoridades de Acatlán de Pérez Figueroa, se encuentra que en un plazo de 40 días hábiles y en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, se repare integralmente los daños ocasionados a las víctimas directas e indirectas reconocidas.
También solicitará un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública, además de verificar y garantizar que el total de integrantes de la Policía Municipal cumpla con los requisitos constitucionales y legales para su ingreso, permanencia y certificación de conformidad con las evaluaciones competencia del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.
Para las autoridades de la Fiscalía General de Oaxaca, recomendaron continuar con la investigación relacionada con la carpeta 18130/FCUE/ACLATLAN/2020, de una manera seria, imparcial, efectiva y sujeta a los requerimientos del debido proceso, para el esclarecimiento y eventual judicialización del total de los hechos en que fue privado de la vida el adolescente.
Así también, que inicie el expediente en el que previo procedimiento en el que se respete el debido proceso, se pueda determinar la responsabilidad administrativa y, en su caso, se apliquen las sanciones a las que pudiera hacerse acreedor el personal ministerial, pericial y de la Agencia Estatal de Investigaciones.
Entre otras recomendaciones, pidió emitir un instrumento administrativo de observancia general y obligatoria, mediante el cual se instruya al personal ministerial, pericial y policial para que en la investigación de los delitos constitutivos de violaciones graves de derechos humanos, en casos muertes potencialmente ilícitas o sospecha de desaparición forzada, se apliquen los principios y directrices del Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016).
Así también, elaborar un modelo o manual de observancia general y obligatoria sobre investigación de delitos constitutivos de violaciones graves a derechos humanos conforme a los principios y a las reglas del análisis de contexto o en contexto.
En su intervención, el coordinador general de Defensorías, Fernando Coronado, afirmó que este caso solo evidenció que siguen las deficiencias estructurales, sobre todo para llevar a cabo investigaciones, ante las cuales cuentan con protocolos, pero no los aplican.
Al considerar que solo uno de los cinco policías está detenido, la familia de Alexander se reunirá en breve con autoridades de procuración de justicia, para exponer lo que se dejó de hacer y encontrar justicia a este hecho.
Virginia Gómez y Teodoro, padres de Alexander, afirmaron que su hijo no murió por accidente y fue víctima de violencia policial. “La Fiscalía cometió omisiones en la investigación y lo que ha hecho que se retrase la justicia, dejemos de conocer toda la verdad de lo que pasó y no garantizó una investigación imparcial y efectiva”.
“La actuación omisa y negligente de la policía y de la fiscalía ante la ejecución de mi hijo, fue evidenciada por mí, por su padre y por su hermano”.
