En un hecho histórico y sin precedentes en Oaxaca y en el país, la Sala de Justicia Indígena del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJO), realizó una visita In Situ a la comunidad de Santiago Tlazoyaltepec, Etla, en atención a una solicitud y para llevar a cabo diligencias derivadas de un asunto de desvío de recursos públicos, planteado ante esa instancia por representantes de la asamblea comunitaria.
Este tipo de visitas constituyen el método más utilizado por organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros, para observar los estándares nacionales de protección de los derechos humanos.
En entrevista, el presidente de la Sala de Justicia Indígena, magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar, explicó que el objetivo principal de una observación In Situ es esclarecer los hechos denunciados individual o colectivamente, investigar las circunstancias que los rodean y consignar estos en un informe objetivo, el que posteriormente se presenta ante las instancias correspondientes.
Sobre el caso de Santiago Tlazoyaltepec, que se encuentra identificado como el tercer municipio del país con altos índices de marginación, explicó que la asamblea comunitaria sancionó un acto de corrupción respecto a un presunto desvío de recursos públicos por 12 millones de pesos, atribuido a las ex autoridades municipales que se encuentran privadas de su libertad en la cárcel municipal.
Señaló que la pena impuesta por la asamblea fue de 20 años de prisión y trabajos comunitarios; con la opción de que si regresan el dinero se podría modificar, por lo que hasta el momento los involucrados han devuelto aproximadamente la mitad del recurso y se continúan las negociaciones para una salida alterna a esta situación, con la intervención de autoridades del Gobierno del Estado.
El magistrado Cordero Aguilar, indicó que como parte de la agenda de la visita In Situ, a la que acudió la directora de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura, Nidia Soledad Martínez Esteva, con apoyo de un perito médico se realizó la valoración clínica y física de cada uno de los detenidos, además de que se instaló una asamblea para escuchar los pobladores y proponer soluciones conjuntas, con pleno respeto a la libre determinación, autonomía y justicia de esa localidad mixteca.
Destacó que este tipo de prácticas no se realizan a nivel local; sin embargo, “los altos tribunales han recomendado a los tribunales de los diferentes países que las realicen y no sean tribunales de escritorio y de oficina, sino ir a los lugares a conocer directamente los problemas y hablar con la gente”.
Previo a la visita, la Sala de Justicia Indígena también llevó a cabo una audiencia Amicus Curiae en su sede en Ciudad Judicial, con expertos en derechos humanos.
