De mucho tiempo atrás, el Ejército Mexicano ha adquirido su armamento en los Estados Unidos. Este país ha sido el gran proveedor para las distintas facciones en confronta en nuestro país a lo largo de la historia. Lo mismo vendían armas para los liberales como para los conservadores del siglo XIX… “Negocio es negocio”, dicen.
Durante la Revolución Mexicana ellos eran los que armaban a los distintos bandos revolucionarios de cualquier corriente. Es el caso de Francisco Villa quien se sintió traicionado luego de adquirir armas en Estados Unidos con extremas dificultades económicas.
Éstas llegaron a su Ejército pero no servían, lo que indigno al revolucionario y por lo mismo quiso tomó represalias: el ataque a Columbus, Nuevo México, en 1916. Si bien éste tuvo múltiples motivaciones, estaba sobre todo la frustración de Villa por la venta de esas armas defectuosas por parte de Estados Unidos.
De cualquier manera, a lo largo del Siglo XX y todavía en el Siglo XXI, la adquisición del Ejército Mexicano de armamento oficial para la defensa del país, se adquirió con armeros estadounidenses.
Pero resulta que de un tiempo a esta parte el gobierno mexicano ha intentado parar el envío subrepticio de armas a grupos del crimen organizado y por lo mismo ha insistido en que las armerías paren de hacer estas ventas y envíos ilegales a territorio mexicano.
Así, en agosto de 2021 el gobierno mexicano demandó a 11 empresas fabricantes y distribuidoras de armas, acusándolas de facilitar el tráfico ilegal de armas a México y de fomentar la violencia. La demanda, presentada ante una corte federal en Boston, Massachusetts, buscaba una compensación de 10 mil millones de dólares.
Luego de un larguísimo litigio de años, la Corte Suprema de EUA resolvió el jueves 5 de junio que el gobierno mexicano “no puede demandar a los fabricantes de armas estadounidenses por su presunta responsabilidad en la violencia del narco en México”.
El Tribunal concluyó que la legislación estadounidense exime de responsabilidad a los fabricantes de armas y no permite la presentación de la demanda del gobierno de México.
Esta resolución de la juez Elena Kagan y con apoyo unánime de la Corte, “concluye que México no presentó una argumentación verosímil que indique que los fabricantes de armas estadounidenses hayan ayudado ni instigado la venta ilegal de sus productos a narcotraficantes mexicanos.”
Es probable que los argumentos presentados por el gobierno mexicano en el litigio pudieron ser insuficientes; pero también pudo pesar, y mucho, dado la magnitud de las ganancias, que los armeros de EUA cabildearon en los juzgados para conseguir una resolución en su favor.
Como quiera que sea, de un tiempo a esta parte, se sabe que el Ejército Mexicano ya diversifica la adquisición de su armamento. Y qué bueno.
Se sabe que ya tiene alternativas para la adquisición de armas de fuego, para reducir la dependencia de EUA y buscar nuevas fuentes de adquisición, como es la compra más reciente, aprobada en septiembre de 2023 y que se hizo pública en marzo de 2024. La empresa adjudicada fue “Rafael Advanced Systems”, una empresa israelí que desarrolla tecnologías militares.
Adquirir el armamento fuera de la esfera estadounidense. Aunque si no hubiera esa necedad de los armeros y las autoridades de EUA para protegerlos ante las demandas de México, probadas y re-comprobadas todos los días en el país, la cercanía le es más conveniente a nuestro Ejército.
Pero mientras no sea así, que sea el mismo Ejército Mexicano el que decida en dónde adquirir un armamento apropiado para sus tareas esenciales de defensa nacional.
Y es que, por otro lado, cada día, todos los días, hay en México un número creciente de armas de fuego dispersas en toda la República sin registro ni control. Son armas mortales que en su gran mayoría provienen de las armerías de los Estados Unidos y entran a México de forma ilegal.
Es armamento utilizado tanto por el crimen organizado como por ciudadanos de a pie para la confronta, la agresión o para su propia defensa en vista de la falta de seguridad pública en la mayoría del país. Esto ha derivado en un ambiente social cada vez más violento y peligroso.
De hecho, datos oficiales indican que de las armas aseguradas en escenas del crimen en México, entre el 70 por ciento y 90 por ciento tienen su origen en Estados Unidos.
Y ellos las venden de forma abierta apoyándose en la famosa Segunda Enmienda Constitucional de EUA, que permite adquirirlas allá sin problema alguno.
Esta Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos establece que “… Siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido”.
Ahí está la autorización legal, por lo cual los comerciantes de armas del país del norte hacen su agosto no sólo en su propio territorio sino que exportan esas armas a otros países, como es México, en donde llegan a modo de contrabando y bajo reglas no claras de internamiento.
Los únicos que ganan con este estado de armamento en México son los fabricantes y armeros de EUA. A ellos les importa muy poco lo que pasa y lo que ocurre en México con sus armas.
Así que el Ejercito Mexicano tiene ya en sus manos la solución. Que ninguna institución de defensa y seguridad nacionales adquieran su armamento en EUA. Ni más, ni menos.
