Ante diputados de la 66 legislatura y al Pleno del Congreso de Oaxaca se presentó la Iniciativa de Ley para adicionar el artículo 383 Ter al Código Penal del Estado en materia de anuncios de empleos falsos.
El Proyecto de Decreto busca prevenir estos actos que tienen la intención de engañar a las personas con fines de explotación laboral, trata o cualquier otro crimen relacionado.
Durante la Sesión Ordinaria se mencionó que se plantea sancionar de ocho a 14 años de prisión y una multa de 600 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quien, a través de páginas de internet, plataformas digitales o cualquier otro medio de comunicación electrónica, publique anuncios laborales o de cualquier otra índole, que, mediante engaño, prometa empleo, beneficios económicos u oportunidades, con la finalidad de incitar, facilitar o realizar delitos.
De acuerdo con el “2º Reporte Anual. Trata de Personas. Riesgos tras la Pandemia. Enero 2021-Junio 2022” del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, los tratantes de personas captan a sus víctimas en un 35 por ciento de los casos con anuncios de empleos falsos.
A su vez, la firma de capital humano OCC, dio a conocer que 69 de cada 100 personas tiene contacto con vacantes fraudulentas de trabajo hasta dos veces por semana.
CONTRA ENGAÑOS
“Esta iniciativa no criminaliza la publicación de empleo legítimo, sino va en contra del engaño intencional del uso de la mentira como herramienta para capturar, explotar y destruir vidas humanas. Oaxaca no será terreno fértil para el crimen disfrazado de oportunidad”, subrayó Javier Cacique, integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Comentó que el uso de tecnologías de la información y comunicación ha transformado la manera en que las personas se relacionan y desarrollan sus actividades cotidianas, incluyendo la búsqueda de empleo.
Sin embargo, el crecimiento de estos medios también expone a usuarios a nuevas formas de engaño, abuso, violencia, esclavitud, explotación y trata de personas, a través de anuncios engañosos que prometen beneficios económicos o ventajas que no existen.
Dijo que, la población más vulnerable como las juventudes en busca de su primer empleo, migrantes, mujeres y personas en situación de pobreza, son las principales víctimas en el fraude laboral.
El 40 por ciento de la población entre 18 y 25 años ha buscado empleo en redes sociales, lo que hace cuestionar sobre si estos espacios están plagados de estafas.
El Proyecto de Decreto fue turnado para su análisis y dictaminación a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia.
