Entre propuestas de imponer la penalidad hasta 30 años para quien o quienes provoquen un incendio forestal y pedir exhortos a fin de que los gobiernos garanticen medicamentos oncológicos para niños y niñas, se realizó la segunda sesión de la Diputación Permanente de la LXV Legislatura.
En el primer caso, la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado plantea sanciones de hasta 30 años de prisión para quien provoque intencionalmente incendios forestales en la entidad.
En la propuesta de reforma planteada por el Grupo Parlamentario de Morena, que coordina el diputado Sergio López Sánchez, se informó que con ello se pretende considerar como delitos los incendios forestales provocados, y sancionar a los responsables, para contener este tipo de actos.
Se impondrá una pena de 20 a 30 años de prisión y multa de 15,000 a 20,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente a quien, de manera dolosa o por omisión en el cumplimiento de normas, motive, promueva o provoque de manera intencionada un incendio en un bosque, selva, vegetación natural o terrenos forestales”, expone la propuesta que fue turnada a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, para su análisis y dictamen correspondiente.
Urgen abasto de medicamentos
Por su lado, la diputada Lizbeth Concha Ojeda, pidió un pronunciamiento urgente para atender y garantizar los derechos de niños y niñas con cáncer a recibir sus medicamentos e insumos.
Expuso que los casos van aumentando y representan la primera causa de muerte entre menores de edad, sin embargo, los gobiernos estatal y federal carecen de un esquema efectivo de atención.
Señaló que en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña están 160 pacientes, cuyos padres y madres de familia protestaron en días pasados porque no reciben los insumos para el tratamiento de sus hijos e hijas.
Urge que desde esta tribuna se denuncie y se pida un pronunciamiento urgente para que no se deje sin medicamentos a los niños y niñas”, dijo la legisladora.
En tanto, el diputado Horacio Sosa propuso sectorizar a la Coordinación de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) a la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana (SSPyPC).
Además, que la ley laboral del organismo no es específica en el régimen de su personal, por lo que, su propuesta ordena inscribir a sus trabajadoras ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
