Al presentar ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República una propuesta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el gobernador Alejandro Murat Hinojosa resaltó que México es un país de víctimas, donde no se ha trabajado de manera clara y suficiente para las mujeres, niños, niñas y adolescentes, así como para personas discapacitadas.
Al presentar esta propuesta para fortalecer el sistema procesal penal, resaltó la instalación de la Mesa Interinstitucional cuya tarea será presentar un renovado sistema de justicia para el país y en las entidades federativas.
México necesita “que los Derechos Humanos cuenten siempre para todos por igual, pero nunca en contra de las víctimas, ni del bien común”, afirmó Murat Hinojosa ante senadores, representantes de la sociedad civil y los gobernadores.
Añadió que el propósito de la propuesta es hacer de la ley procedimental en materia penal un cuerpo de disposiciones claras y precisas que le brinden a las fiscalías todos los elementos para que el respeto irrestricto a los derechos humanos no vuelva a entrar en conflicto con la aspiración común de erradicar la impunidad de la vida social e institucional.
El gobernador reseñó los cinco los ejes que guían la propuesta: 1) El fortalecimiento del sistema procesal penal; 2) el respeto y defensa de los derechos humanos; 3) el enfrentamiento contundente de la impunidad; 4) el fortalecimiento de los derechos de las víctimas.
“México es un país de víctimas y no hemos trabajado de manera clara y suficiente a favor de las víctimas de este país y quiero recalcar los grupos vulnerables como son la mujeres, los niños, los adolescentes, personas con discapacidad”.
Y como quinto eje mencionó proteger a las instituciones de procuración, administración y aplicación de la justicia de México.
“Son reformas que estamos considerando no solo necesarias, sino urgentes para hacerle frente de una vez por todas y con eficacia a todas las expresiones criminales que deterioran nuestros tejido social y lastiman física, patrimonial y emocionalmente a lo más importante, que son nuestras familias”.
Añadió que “México no puede seguir combatiendo a la delincuencia desde una posición de pasividad y desventaja, necesitamos que los derechos humanos cuenten para todos por igual, pero nunca en contra de las víctimas, ni de nuestras familias ni contra del bien común”, comentó.
El mandatario estatal añadió que algunos de los objetivos específicos de la propuesta son rescatar la institución del Ministerio Público, redimensionar el peso de la denuncia anónima, ampliar el tiempo de las medidas de protección a víctimas, clarificar el control judicial para detenciones en flagrancia, precisar y desagregar los supuestos de flagrancia; concretar una enunciación expresa en la ley de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa que bajo ninguna circunstancia debe ser revisable y ampliar los supuestos de peligro de sustracción del imputado.
“Se trata de darle dientes al estado, se trata de pasar de la pasividad a la acción de la defensiva a la ofensiva, y de tener una nueva ley y que no sea letra muerta”, acotó.
Dentro de las propuestas, buscan ampliar la procedencia de los acuerdos reparatorios, permitir el aseguramiento de los vehículos que utiliza la delincuencia sin necesidad de control judicial, robustecer el criterio de oportunidad para el ministerio público, redimensionar el ingreso a domicilios en persecuciones en flagrancia y permitir la efectiva obtención de información protegida por secreto bancario, entre otros objetivos.
En esta mesa de trabajo estuvieron presentes los gobernadores de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez; de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, y de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.
