La “inclusión educativa” afectará a unos 5 mil niños y niñas con discapacidad en su enseñanza básica, advirtieron en encuentro de colectivos al analizar la permanencia de este término de la reforma educativa en el dictamen para la nueva ley.
La opción de los padres y madres es firmar un documento de queja ante Derechos Humanos para que se reconozca la Educación Especial, como lo proponen asistentes de las secciones 22 y 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y activos de la CNTE.
Al analizar que la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto sigue viva y ejecutándose, mencionaron que áreas de psicología, trabajo social, así como especialistas del lenguaje serán excluidos en el nuevo esquema.
Las representantes de la Sección 9 de la Ciudad de México, propusieron un frente de unidad para exigir que la educación especial sea restituida en los planes de estudio.
“Es muy grave acabar con un servicio fundamental, la inclusión no es posible sin una atención especial, la visión del gobierno es falsa; se requiere de la presencia de educación especial porque hay discapacidades que así lo requieren y es necesaria para apoyar el aprendizaje de niños y niñas con mayores diferencias”, externó Teresita Garduño de la CNTE.
Entre sus justificantes se encuentra que un docente con 35 niños y niñas, se ve imposibilitado en atender a menores con discapacidad y eso, no se resuelve con capacitación, porque se refiere a una cuestión de recursos humanos, espacios y de tiempo.
“Hay discapacidades que piden entornos espaciales y hay unos que sí pueden entrar en la inclusión”, dijo la asesora académica de la coordinadora, quien advierte que en lugar de encontrar la inclusión se puede revertir en la discriminación porque a los niños se les debe enseñar la integración de forma paulatina.
Advirtió que las políticas en materia educativa siguen reformándose sin pensar ni estudiar perfectamente los entornos completos y se toman decisiones fragmentadas.
Asimismo, la representante de Educación Especial del Centro de Desarrollo Educativo de la Sección 22 (CEDES) del magisterio oaxaqueño, Cecilia Sánchez Cruz, informó que para evitar que constitucionalmente desaparezca el nivel, quienes tienen que exigir la permanencia son los padres y madres de familia.
Para eso, están recabando firmas de los 5 mil tutores de los 150 servicios a fin de interponer una queja-petición ante Derechos Humanos, considerando la educación como un derecho constitucional.
Advirtió que se puede mantener el mismo esquema en la nueva ley educativa que se está analizando, sin cambios sustanciales como se aprobó en el 2013.
Asimismo, en la formación en la Escuela Normal de Educación Especial de Oaxaca (ENEEO) los estudiantes tienen una malla curricular con tronco común y un año de cursos y talleres para la inclusión educativa.
