Su caso llegó a las instancias de procuración de justicia y a las instituciones de “apoyo a las mujeres” en situación de violencia, pero a dos años de distancia solo recibe amenazas, persecución y nulo apoyo para proteger a su hijo de un hombre que es ejemplo de un caso de nepotismo.
La pandemia por Covid-19 generó un entorno más violento en el hogar de la mujer, por la convivencia que debía tener con su agresor en casa al iniciar el confinamiento por la suspensión de actividades en diferentes dependencias.
Aunque desde hace varios años la mujer buscaba separarse de su esposo Fidel, juez segundo de distrito de Oaxaca, fue en el primer año de la pandemia cuando ella logró salir de aquella casa donde era maltratada, en medio de obstáculos y demandas que aún no cesan.
Luvia Jeanett Altamirano no sólo es víctima de la violencia de su todavía esposo (porque aún mantiene un juicio de divorcio), sino también de la violencia institucional que se agudiza por el cargo que él ostenta y amigos litigantes que tiene en distintas instituciones, así como por las demandas que éste emprende contra quienes se atreven a ayudarla.
En conferencia, apoyada por abogadas y militantes de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Luvia señaló las diversas irregularidades que ha enfrentado tanto en el Tribunal Superior de Justicia como en la Fiscalía General de Oaxaca.
La mujer, extrabajadora del Poder judicial, decidió salir de su casa y pedir auxilio a los vecinos hace dos años, luego de que el juez segundo de distrito intentara abusar de ella y la amenazara con quitarle al menor de ahora cinco años de edad.
Integrantes de Consorcio afirmaron que las autoridades de impartición de justicia actúan en favor del victimario y no de Luvia y su hijo, pese a que en repetidas ocasiones se ha señalado que el menor es violentado por el padre, quien tiene el respaldo legal de las instancias correspondientes, dejando en la indefensión a la denunciante.
Ante esta situación, mostraron su preocupación por la seguridad de Luvia, de quien reiteraron la urgencia de medidas de protección, ante las amenazas y persecución de la que es objeto, además del hostigamiento en los tiempos de convivencia con su hijo, donde es grabada y vigilada en todo momento.
De esta situación, la Red Nacional de Abogadas Indígenas emitió hace dos años un comunicado donde se pronunció con preocupación por la actuación “parcial y negligente de las y los ministerios públicos adscritos a la Fiscalía Especializada” para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género.
Señalaron a este organismo de no estar garantizando los derechos humanos de la víctima ni respetando el interés superior humano del menor en las diversas carpetas de investigación donde ambos son víctimas.
Acusaron que se está “protegiendo al imputado Fidel Gallegos, por ser el juez segundo de distrito en el estado de Oaxaca”, al mismo tiempo de exhortar a la Fiscalía General a intervenir de manera inmediata y garantizar los derechos humanos de las víctimas, actuando con perspectiva de género.
