El asesinato de Alejandro Leyva Aguilar ha sacado a la luz lo mejor del periodismo oaxaqueño pero, sobre todo, lo peor de un buen grupo de comunicadores que han optado por intentar pactar con el gobierno apoyos personales y principalmente, los siempre opacos “convenios” de publicidad.
No ha transcurrido aún el novenario del sepelio del periodista artera y cobardemente asesinado y un buen grupo de periodistas, principalmente ligados a portales informativos, se han reunido con la Secretaría de Gobierno.
La tarde de martes, en la víspera de que se cumpliera una semana, al menos una cuarentena de representantes de medios se sentaron en una reunión con el secretario general de Gobierno, Jesús Romero López y “se habló de todo, de convenios de publicidad, de atención a la prensa en actos oficiales, quejas por el trato durante las emisiones de la Guelaguetza, de cuestiones personales y particulares pero prácticamente nada respecto a la investigación y el homicidio contra el compañero Alejandro, la seguridad a la prensa o las garantías a la libertad de expresión”, señalaron algunos y algunas de los presentes.
TIENEN OTRAS PRIORIDADES
Otro de los testimonios “subidos” a redes digitales para informar a la opinión pública desde el mismo martes, apenas terminada la reunión explicó que “la nueva reunión que tuvieron ‘periodistas’ y comunicadores con funcionarios del Gobierno oaxaqueño cambió de giro, lo que en un inicio era para atender el tema del periodista Alejandro Leyva y la seguridad para el gremio, se convirtió en un escenario para pedir limosnas a la autoridad” (sic)
A la entrada de la reunión sostenida en Palacio de Gobierno con Jesús Romero, los representantes de medios recibieron cuatro hojas tituladas Ejes temáticos para la Discusión con 10 materias a considerar en el encuentro con la finalidad de “tirar línea” a los presentes.
Plagado de ambigüedades, entre la temática sobre la mesa estaba “Democracia, libertad de expresión y función social del periodismo”, intentando dar clases de periodismo. “Riesgos, agresiones y contextos diferenciados” (sic) que considera subtemas como “qué coberturas general mayor vulnerabilidad”.
Pasó de noche lo referente al punto 5 “Investigación, Justicia y combate a la impunidad”, sobre lo cual nadie hizo mención o el punto 7, vital para el gobierno “Entorno digital, acoso, vigilancia y desinformación”, dado que han sido estos mecanismos los que han puesto los reflectores sobre anomalías de diversas instancias oficiales.
¿CÓMO SE PROTEGEN LOS PERIODISTAS?
Testimonios confirman que poco o nada se habló de los amagos contra periodistas independientes, la seguridad de los representantes de medios o las agresiones o presencia de grupo de choque en manifestaciones y si, en cambio, se expuso la necesidad de “mejorar” la publicidad e incluso, la contratación de los presentes como proveedores del gobierno.
Otra fuente consultada indica que la estrategia oficial se centra en dividir al gremio con reuniones con grupos bien definidos o “platicar” de manera directa. Estas convocatorias, como la reunión a sostener el próximo viernes por la tarde, están siendo emitidas desde la Secretaría de Gobierno a cargo de Jesús Romero López, de quien una de sus auxiliares fue exhibida con preguntas “sembradas” en la conferencia del prensa del viernes 24 de julio y que tuvo amplia difusión al día siguiente.
Los “periodistas”, indica otra versión, alejados de demandar protocolos, legalidad y protección, prefirieron proponer nuevos “esquemas” de la relación con el gobierno que este no fuera vía facturas, si no de manera directa, fuera de las normas fiscales.
¿Y EL ASESOR?
En otro momento, periodistas independientes han expresado los equívocos cometidos por el gobierno para sofocar las críticas y transparentar los mensajes que se emiten a representantes de medios ante lo que califican como fallida actuación del responsable de Comunicación Social, el asesor argentino René Palacios.
Incluso se ha señalado la existencia de un “grupo compacto” de periodistas a quienes se les siembran preguntas y cuentan con lugar asegurado en las mañaneras. En grupos de whatsapp de periodistas se ha indicado que “ahora los ‘periodistas’ quieren más de 350 millones de pesos para publicidad y sin facturar. Y, han expresado a EL IMPARCIAL que en lugar de exigir justicia por Alejandro Leyva “fueron a quejarse y a pedir publicidad”, nada sobre las presuntas nuevas agresiones a otros periodistas o para exigir medidas cautelares para quien acusó directamente al gobierno de fraguar el asesinato del colega.
