Con decenas de investigaciones abiertas en los últimos años, el estado de Oaxaca ocupa uno de los primeros lugares en cuanto a delitos ambientales y de la gestión ambiental.
La constante de estos ilícitos ubica a la entidad junto a Tlaxcala, Baja California Sur, Tlaxcala, Michoacán, Veracruz, Jalisco y estado de México, que también concentran los más altos índices de estos delitos, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Desde el 2023 y hasta los primeros dos meses del 2026, Oaxaca ya acumula 240 carpetas de investigación por estos delitos federales.
De esa cifra, 68 corresponden al año 2023, cuando ocupó el cuarto lugar en incidencia. En Estado de México fueron 78 delitos o carpetas de investigación; en Tlaxcala, 77; en Jalisco, 72 y en Oaxaca se cometieron: 68.
En el 2024, Oaxaca ocupó el tercer lugar nacional, con 84 delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. En Tlaxcala fueron 101 y en Baja California Sur, 82, que ocuparon el primero y tercer lugar, respectivamente.
Durante el 2025, la entidad se colocó en el quinto lugar nacional, por 75 casos investigados. En primer lugar estuvo en Tlaxcala, con 107; en Jalisco hubo 98, en Baja California Sur fueron 96 y en Michoacán 82.
Entre enero y febrero de 2026 van 180 delitos reportados a nivel nacional, de los cuales van 18 en Jalisco, 15 en Michoacán, 13 en Baja California Sur, 13 en Veracruz, 12 en Tlaxcala y 11 en Oaxaca.
LOS CASOS
En los últimos meses, la entidad ha quedado bajo el ojo público por la exhibición de un tucán en venta en la Central de Abasto de la ciudad de Oaxaca, por el robo y venta de huevos de tortugas, el transporte de iguanas con fines de comercialización y también por las diversas clausuras a cambios de uso de suelo y deforestación en zonas como el Parque Nacional Huatulco y la extracción de recursos naturales sin las autorizaciones correspondientes.
La comisión de estos delitos se castiga con penas varias, de acuerdo con el Código Penal Federal. Por ejemplo, este señala que “se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino, o recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o subproductos”.
Asimismo, “se impondrá pena de uno a cuatro años de prisión y de trescientos a tres mil días multa, a quien transporte o consienta, autorice u ordene que se transporte, cualquier residuo considerado como peligroso por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, biológico infecciosas o radioactivas, a un destino para el que no se tenga autorización para recibirlo, almacenarlo, desecharlo o abandonarlo”.
