Desde notarios, prestanombres, jueces federales hasta funcionarios de la Procuraduría Agraria Estatal y Federal, estarían coludidos en el despojo de tierras en la localidad de Tilzapote, perteneciente a la agencia municipal de San Francisco Cozoaltepec, Santa María Tonameca.
Este grupo ya es considerado por las víctimas como una banda del crimen organizado que opera en el estado de Oaxaca, despojando de tierras a las comunidades indígenas y ahora pretenden adueñarse de un paraíso natural en la región de la Costa.
Para tratar de defender a los habitantes de esta pequeña localidad que se fundó hace más de 70 años en la franja costera que se ubica entre San Pedro Pochutla y Puerto Escondido, el área jurídica de la Sección 22, ha buscado el apoyo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ante los nulas respuestas del gobierno estatal para combatir la corrupción.
“Como equipo jurídico de la Sección 22 tenemos el tema de la defensa del problema agrario que enfrenta la comunidad de Tilzapote, hay dos prestanombres que no sabemos si existen o no que se hacen pasar como supuestos dueños y por medio de un representante legal entablaron un juicio agrario en el 2014, misteriosamente procede muy rápido y en el 2016 ya obtienen una sentencia para un desalojo de toda una comunidad constituida legalmente hace más de 70 años”, explicó la abogada Edith Santibáñez Bohórquez, de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Sección 22 de la CNTE.
Señaló que Tilzapote está registrada ante las dependencias estatales y federales como una localidad constituida misma que cuenta con una capilla, centro de salud, escuelas públicas, con habitantes que viven en el lugar desde hace más de 70 años y que ahora una mafia que opera en la entidad pretende desaparecer para construir complejos departamentales.
“Cuando hay un juicio agrario a veces se tarda 10 hasta 30 años, hay resoluciones que no se han cumplido desde hace 50 incluso 80 años, pero en este caso se hizo rápido y quieren arrebatarle sus patrimonios a la gente humilde porque es un paraíso en la franja costera que consta de 300 hectáreas”.
JUICIO VICIADO Y FRAUDULENTO
De acuerdo a la abogada, al no encontrar una respuesta favorable de las autoridades estatales y federales, en noviembre de 2018 los comuneros acudieron ante el magisterio para solicitar apoyo, por lo que el expediente fue analizado y retomado.
“Nos percatamos que hay muchos vicios, muchas irregularidades e inconsistencias en el expediente, nos costó mucho que el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa entendiera que había sido un juicio viciado y fraudulento, primeramente su equipo jurídico le vendió la idea que una cosa juzgada no se puede juzgar dos veces”.
“Cuando intentábamos manifestarle la inconformidad y pedir su apoyo, siempre nos decía que ya era una cosa juzgada, que ya había una sentencia y que ya nada se podía hacer, tuvimos que manifestarnos en diversas ocasiones para que nos hicieran caso, incluso le facilitamos el expediente 214/2014 a su equipo jurídico y que está en el Tribunal Agrario del Distrito 21 de Oaxaca de Juárez”.
Expuso que los documentos fueron analizados por el Consejero Jurídico, Octavio Tinajero y sus colaboradores, “y efectivamente detectaron todas las irregularidades que nosotros hacíamos mención, por eso el Gobernador ha dicho que no va haber desalojo, sin embargo ha habido cinco acuerdos en donde ordenan el desalojo de la población para entregarle a dos supuestos dueños que nunca se presentaron al juicio, que no se conocen y que hemos solicitado que comparezcan ante el Tribunal Agrario”.
“Incluso el propio Gobernador los mandó a buscar y no existen estas personas de nombre Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera, representados por un abogado que es el único que llega y siempre muestra un poder notarial y que también lo vemos de manera irregular porque le hemos insistido que presente sus originales y que comparezcan los presuntos dueños”.
Destacó que entre otras irregularidades que han detectado en el proceso “es que le correspondía a la delegación de la Procuraduría Agraria de Oaxaca, entablar la defensa para la comunidad pero no lo hizo, lo poco que hizo fue obtener las pruebas que tenían en ese momento los comuneros y prácticamente se lo entregó a la contraparte”.
“Por eso los comuneros perdieron el juicio y por eso hacemos el señalamiento directo contra el abogado defensor de la Procuraduría Agraria, contra el mismo delegado que en ese momento estaba Francisco Javier Cañada, y que por eso salió huyendo de Oaxaca hace algunos meses”.
Santibáñez Bohórquez detalló que ante estos vicios que se detectaron en Oaxaca, se vieron obligados a acudir ante las oficinas centrales de la Procuraduría Agraria en la capital del país. “Se lo hemos hecho saber al propio Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, quien ya nos ha atendido, la vez que fue a Puerto Escondido lo abordamos en dos ocasiones, insistimos hasta que nos diera una cita con la ministra Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, para informarle de toda la información fraudulenta en ese expediente”.
“Así lo hemos hecho, hemos denunciado estas actuaciones del Tribunal Agrario, así como del juzgado federal que vemos que hay dolo e intereses porque están siendo muy insistentes de querer arrebatarle las tierras a los pobladores de Tilzapote”.
TODOS COLUDIDOS
Ante esta situación denunció que están involucrados notarios de sobrenombre, “pero por seguridad no los podemos mencionar porque hemos sufrido muchos atentados, la propia comunidad ha sufrido atentados y por seguridad no podemos dar nombres pero podemos asegurar que están metidos jueces federales, gente de la Procuraduría Agraria de Oaxaca, del Tribunal Agrario de Oaxaca y por su puesto notarios que se han prestado a situaciones irregulares e ilícitas”.
“Es una banda muy bien organizada que opera en todo el estado, lamentablemente el pueblo tiene que poner los muertos, la sangre y estos canijos lo único que hacen es enriquecerse a costa del dolor de la gente, por estas prácticas es que existen los conflictos agrarios en las comunidades, estamos viendo ahora la situación de Juquila y Yaitepec, y como ese caso hay muchos en Oaxaca”.
PARAÍSO NATURAL
Para la representante legal de la comunidad, a pesar de las irregularidades que han detectado, los invasores continúan acechando a la comunidad “porque existen muchos intereses de miles de millones de pesos en esas 300 hectáreas que están a orilla de playa”.
“Desde el año pasado ya tenían todo para iniciar el proyecto de la construcción de una inmobiliaria llamada Esmeralda de María 1, que pretendían iniciar sus trabajos a partir del 1 de marzo del 2019, y que solamente con las acciones que hemos realizado y poniendo en primer lugar que la razón lo tiene el pueblo lo hemos frenado, en su asamblea la comunidad ha manifestado que no van a permitir el despojo de sus tierras, así lo han hecho saber al gobernador y al mismo Presidente de la República”.
“Con su vida misma van a defender sus tierras porque los criminales siguen enviando gente extraña al lugar, en fechas recientes llegaron dos personas que portaban armas, con drones se dedicaron a tomar fotos de la comunidad y suponemos que son peritos valuadores, porque como están viendo que se están siendo descubiertos, ahora ya no van a insistir en su desalojo sino en un pago por las tierras”.
Detalló que en primer lugar los visitantes extraños manifestaron que iban por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), después que por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y después que por parte del gobierno, al notarlos sospechosos los pobladores los retuvieron un rato pero les exhortamos que se condujeran con respeto y que los dejaran irse, hablamos con personal de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), para que fueran a la comunidad y que certificaran que estaban esos sujetos y que habían ido a provocar a la comunidad, posteriormente fueron entregados a la visitaduría regional de Puerto Escondido”.
La abogada refirió que por el momento existe una mesa de seguimiento por este caso donde participan personal de la delegación de la Procuraduría Agraria, un equipo jurídico del Gobierno de Oaxaca, funcionarios de la Secretaría de Gobernación y los defensores de la comunidad. “Nosotros vamos a agotar los recursos legales y la exigencia de una investigación a fondo de las personas involucradas, solamente exigiendo y con el valor de que tenemos la razón se puede lograr el respeto a la justicia y la legalidad”, apuntó
