El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá afirmó aquí que el Poder Judicial de la Federación (PJF) está abierto a escuchar todas las voces y críticas que se le hagan al sistema de justicia, a fin de implementar mejoras institucionales para bien de la sociedad.
Al inaugurar la cuarta sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, en la ciudad de Oaxaca, consideró viable construir una agenda integral, plural, democrática, incluyente e intercultural para la seguridad y la justicia del país.
En su mensaje a los invitados especiales y participantes, enfatizó que “el respeto irrestricto a la Constitución Política es y debe ser el faro que nos deba guiar para transitar hacia una sociedad más segura, hacia una sociedad más justa, más igualitaria, pero también más libre”.
Esto implica – recordó- poner siempre en el centro de nuestra actuación a las personas y, naturalmente, a los pueblos y a las comunidades indígenas y afrodescendientes, respetando sus sistemas normativos, sus usos y sus costumbres, es decir, su autonomía y libre determinación.
Afirmó que a partir de las críticas que se le hagan al Sistema de Justicia, se podrá definir e implementar mejoras institucionales que tomen en cuenta las necesidades y las demandas reales de la sociedad y de los pueblos y comunidades.
El Ministro de la Corte señaló que para poder alcanzar y lograr la igualdad, el Poder Judicial Federal está obligado a mantener un diálogo abierto con todos los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, así como a respetar los estándares internacionales en la materia, en el momento de juzgar.
“Una agenda de seguridad y justicia integral no sería posible, ni siquiera imaginable, sin un
enfoque multicultural, pero también respetuoso del pluralismo jurídico que en México se ha esforzado tanto por construir”, apuntó.
De la misma manera hizo un llamado para que las instituciones permitan que los pueblos y comunidades indígenas tengan un papel más participativo en las políticas públicas, con el fin de asegurar una participación concreta y permanente en las decisiones que afectan sus derechos.
González Alcántara Carrancá aseguró que ante la etapa de cambios importantes que vivimos en el país, se requiere de una justicia cercana, integral y transparente en la que prevalezca el respeto irrestricto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas.
“Quienes tenemos el honor de ser servidores públicos estamos obligados a mantener una
apertura no solamente crítica de las personas justiciables, sino que también tenemos que
respetar y fomentar una autocrítica sobre la manera en que desempeñamos nuestras funciones públicas y cómo podemos incidir positivamente en la vida cotidiana de la población de nuestro país”, añadió.
Ante representantes de los poderes judiciales, federal y local, poderes ejecutivos y legislativos estatales, fiscalías y miembros de la academia que participaron en la inauguración, refrendó “no podemos olvidar que los retos que tenemos como nación son muy grandes, y que la responsabilidad del Poder Judicial de la Federación, como parte integrante del Estado Mexicano, es la de mantener incólume la Constitución, la de garantizar su eficacia y respeto”.
Reiteró que Oaxaca es sin duda un referente en materia de pluralismo jurídico de interculturalidad y estando aquí no podemos dejar de ver estos principios, pero también de aplicarlos en nuestro análisis sobre las problemáticas que enfrenta la seguridad y justicia en toda nuestra República, cuyo impacto diferenciado sobre los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes ha sido constantemente reiterado en diversas ocasiones.
Consideró que una agenda de seguridad y justicia integral no sería posible, ni siquiera imaginable, sin un enfoque multicultural, pero también respetuoso del pluralismo jurídico que en México se ha esforzado tanto por construir y es que para poder alcanzar y lograr la igualdad, el Poder Judicial Federal está obligado a mantener un diálogo abierto con todos los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes.
Sumado a que también, está obligado a respetar los estándares internacionales en materia, en el momento de juzgar.
Esto a partir del principio fundamental de un respeto irrestricto a los derechos humanos, a partir del reconocimiento a las diferencias de opiniones y posturas, a partir del reconocimiento de la interculturalidad que nos distingue con el inquebrantable compromiso de construir un mejor país, anotó.
No pasa desapercibido que estamos viviendo una etapa de cambios importantes en nuestro país que requieren de una justicia cercana, de una justicia integral, de una justicia transparente, en la que prevalezca el respeto irrestricto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas, externó.
El integrante de la Primera Sala de la Corte hizo votos porque este ejercicio convocado por
el PJF permita construir una agenda integral, plural, democrática, incluyente e intercultural
para la seguridad y la justicia, a partir del principio fundamental de un respeto irrestricto a los derechos humanos y “con el inquebrantable compromiso de construir un mejor país”.
Por su parte, José Javier Terán Álvarez, Fiscal Especializado para la Atención a Delitos de
Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, señaló que el ejercicio de
consulta sobre seguridad emprendido por la Corte ofrece un momento para plantear
alternativas, intercambiar experiencias y construir propuestas en la agenda de seguridad para Oaxaca y para México
“Es fundamental no solo para la mejor comprensión de la dinámica criminal sino para el
cambio de diseño y estrategias que aspiren a ser funcionales como un factor de cambio
dentro de una sociedad que se encuentra en constante movimiento”, apuntó.
A su vez, Emmanuel Días Arias, director de la Escuela de Derecho del Centro Universitario Tlacaélel, reconoció la iniciativa del PJF por abrir este espacio de reflexión colectiva para detectar rutas de acción y aportaciones en materia de seguridad y justicia.
Los asistentes al encuentro se enfocaron en cuatro ejes temáticos; el acceso a los servicios legales con enfoque en los derechos humanos; las problemáticas de la seguridad pública, es decir, los derechos de las víctimas del delito y las obligaciones que tenemos las autoridades en esta materia; asimismo, se analizó el Sistema Nacional de Impartición de Justicia; y en específico, se pondrá a discusión si el Poder Judicial funciona bajo los estándares y calidad e independencia que necesita nuestro país.
Durante el evento, los expertos participaron en 18 mesas de trabajo con más de 250 personas usuarias del sistema, así como integrantes de la academia y de la sociedad civil.
La sesión realizada en la ciudad de Oaxaca, es la cuarta de las 14 que se realizarán en diferentes entidades del país en el marco del Encuentro Nacional para una Agenda de
Seguridad y Justicia.
Y adelantaron que la quinta sesión se llevará a cabo el próximo 25 de abril en Mérida, Yucatán.
