Jesús Romero
La aprobación de la nueva Ley de Pensiones para las y los integrantes de las instituciones de seguridad pública representa un momento histórico para Oaxaca. El Congreso local avaló, por unanimidad, el marco jurídico impulsado por el Gobernador Salomón Jara Cruz, construido con el consenso de legisladores y de las y los propios elementos de seguridad.
Este logro es fruto de una lucha de más de tres sexenios emprendida por mujeres y hombres policías que exigieron condiciones dignas después de dedicar su vida a cuidar la nuestra. Durante años, sus demandas fueron ignoradas por gobiernos que privilegiaron los excesos y el derroche, mientras se relegaba a quienes garantizan la paz y la seguridad de nuestro pueblo.
La nueva ley salda esa deuda histórica y garantiza que, al momento de su retiro, las y los elementos de PABIC, Policía Vial, Policía Estatal, Policía Turística y custodios penitenciarios reciban el 100 por ciento de su último sueldo neto, además de que sus pensiones se incrementarán en igualdad de condiciones que los trabajadores en activo.
Los beneficios también incluyen la prestación por fallecimiento por causas ajenas al trabajo, la transferencia de pensiones por invalidez o incapacidad a los beneficiarios, el incremento de las pensiones por inhabilitación o fallecimiento derivados de riesgos de trabajo —que pasan del 75 al 90 por ciento— y el ajuste en la devolución de cuotas al 50 por ciento del total enterado al fondo. Todo ello dentro de un sistema financieramente viable y sostenible, que cotiza sobre todas las prestaciones que recibe cada trabajador.
La aprobación de esta ley es el fruto de un proceso de amplio diálogo entre el Poder Legislativo, el Gobierno del Estado y las representaciones de los cuerpos de seguridad. Queda demostrado que, cuando existe voluntad política y se privilegia el interés colectivo, es posible transformar realidades.
Este paso consolida la visión de la Primavera Oaxaqueña, que coloca en el centro el bienestar de la gente y, en particular, de quienes arriesgan su vida para defenderla. La ley no solo impacta en la vida de quienes se retiran, sino que también dignifica la profesión policial e incentiva a nuevas generaciones a sumarse con vocación y orgullo al servicio de Oaxaca.
Oaxaca se convierte así en un estado pionero en el reconocimiento a sus fuerzas de seguridad, consolidando un marco legal que protege sus derechos laborales y les asegura un futuro digno tras años de servicio. Hoy, con la aprobación de esta Ley, queda claro que la transformación de Oaxaca avanza, y que la justicia social ya no es un ideal distante, sino una realidad que empieza a vivirse.
