Luego de la aprobación de la reforma al Artículo 127 Constitucional para establecer un límite a las pensiones, trabajadores jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Oaxaca, demandaron a las autoridades federales respetar sus derechos laborales.
Darío Landetta León, vocero del Colectivo de Jubilados de la CFE en el estado de Oaxaca, señaló que la reforma lesiona los derechos de los trabajadores jubilados después de 30, 35 y 40 años de servicio al país, esto sobre el aspecto legal que tendría su aplicación retroactiva sobre los derechos ya adquiridos.
“No estamos en contra de la reforma, sino a su aplicación retroactiva. Desde luego, topar las pensiones es un control al despilfarro y al abuso que algunos servidores públicos han cometido a lo largo de los años, sin embargo, estos estos casos atípicos representan el 0.3 por ciento, una cosa es corregir excesos y muy diferente es afectar pensiones que han cumplido con el marco legal vigente de personas que laboraron entre 30, 35 y 40 años de servicio. No es correcto que trabajadores honestos paguen por los abusos de un puñado de ellos”.
Explicó que en todo el país existe un padrón de 54 mil trabajadores jubilados del régimen de confianza de la CFE, de los cuales 150 se encuentran en el estado de Oaxaca, quienes serán severamente afectados por esta reforma considerada como el tope de las jubilaciones doradas.
En el caso de los trabajadores jubilados de la CFE, Landetta León afirmó que en su momento fueron contratados por el estado en términos “que cumplimos cabalmente durante más de 30, 35 40 años, al término de los cuales recibimos la jubilación que el estado fijó para cada uno de nosotros en base lo que en su momento se establecieron, eso es un derecho adquirido”.
“Los “derechos adquiridos” en México son situaciones jurídicas ya incorporadas al patrimonio de una persona y que no pueden ser modificadas o eliminadas por leyes nuevas de forma retroactiva. En otras palabras, si ya cumpliste los requisitos legales para obtener un derecho, el Estado no puede quitártelo arbitrariamente”.
LUCHARÁN POR LA VÍA LEGAL
Por ello, expuso que defenderán por la vía legal sus derechos laborales adquiridos, en primera instancia mediante la vía de los amparos que ya interpusieron, posteriormente recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de ser necesario, a las instancias internacionales en materia de derechos humanos.
“Los términos de la reforma son discriminatorios y su aplicación es discrecional, pues solo considera afectar a los trabajadores de confianza de las paraestatales, estados y municipios, pero deja fuera sin razón alguna al personal sindicalizado de las propias paraestatales, a las fuerzas armadas, al poder judicial. Establece sin explicación alguna el tope al 50 por ciento del salario de la Presidenta, se desconoce porqué se tomó como base el salario del ejecutivo y cómo se calculó que ese porcentaje era el idóneo”.
Reiteró que continuarán con la defensa de sus jubilaciones porque “somos personas que dedicaron toda su vida al trabajo, cumpliendo las leyes vigentes, defendiendo el Estado de Derecho. Dejando claro que no son pensiones regaladas, son contratos laborales cumplidos después de 30, 35 y 40 años, es decir toda una vida dedicada al servicio del país. Si hoy cambian contratos ya cumplidos, mañana pueden cambiar cualquier derecho de los trabajadores”, apuntó.
