En algunas comunidades solicitan a la familia de la víctima el certificado de defunción para permitirles el ingreso, que dependerá si el cadáver no adquirió el nuevo coronavirus. Ante esta situación, los familiares optan por la cremación fuera de su comunidad de origen.
Así lo constataron también trabajadores del velatorio “Manuel Fernández Fiallo” del DIF estatal, que hasta el momento dejaron de prestar el servicio de traslado de ataúdes con carrozas, derivado de que en varias comunidades no les permiten el paso o se encuentran con una serie de obstáculos.
Ulises Gutiérrez Padilla, encargado del velatorio, explicó que este inmueble no cuenta con el servicio de crematorio, pero sigue en funciones con la venta de ataúdes y otros servicios para personas de escasos recursos, esto con la sana distancia correspondiente y las medidas de higiene establecidas.
Expuso que algunas de las medidas que llevan a cabo, a pesar de no haber registrado en el velatorio algún caso que requiera atención por un cadáver con Covid-19, las instalaciones, las carrozas y los ataúdes son constantemente sanitizados, además de la protección que se da a los trabajadores.
Reconoció que en varias poblaciones no se permite el acceso de carrozas, tales como en Tlalixtac de Cabrera o Magdalena Apasco, hasta que se les muestre el certificado de defunción.
Ante este panorama, del cual no ha habido ninguna queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), el organismo estatal afirmó que esta negativa a permitir el entierro de los ciudadanos en sus comunidades de origen, representa un acto de discriminación y violación al derecho humano y a la legalidad.
Hace unos días, ante la incertidumbre que mostraron pobladores de San Lucas Zoquiapam por el entierro de un cadáver con Covid-19 la madrugada del 28 de abril, las autoridades comunicaron que los familiares presentaron la documentación correspondiente dos días después y se inició con la sanitización del área probable contaminada, así como el aislamiento de los familiares.
