El Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto consideró que el gobierno de Oaxaca y otras autoridades han restado importancia a las manifestaciones de impacto ambiental (MIA) en sus obras, al verlas como meros trámites para avanzar en sus proyectos o incluso las omiten y echando a andar los trabajos sin ese permiso ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos humanos (Semarnat).
Ejemplos de esto son el proyecto para la construcción de la presa Margarita Maza (ahora Mujer Solteca) o la construcción de la carretera al aeropuerto de Santa Cruz Xoxocotlán. Está última es una obra que ya se está ejecutando sin contar con la manifestación de impacto ambiental.
MINIMIZAN EL IMPACTO AMBIENTAL
Nadir Hernández Quiroz, del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto e integrante del Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca (OCCAMA) señaló que el ver la Manifestación de Impacto Ambiental como un trámite o un requisito más para que les permitan hacer la obra es restarle seriedad a las afectaciones ambientales que tendrán las obras de este tipo.
“No tener en cuenta los elementos de los impactos que están generando las obras es, a corto o largo plazo, condenarnos a sufrir esas afectaciones. En el caso de los ríos, más, porque son cauces federales; entonces con mayor razón se tiene que cumplir con la manifestación de impacto ambiental”, señaló Hernández Quiroz.
Sin embargo, también señaló que últimamente la autoridad federal (Semarnat) “ha tomado un poco más de consideración al cumplimiento de forma y fondo de la manifestación de impacto ambiental, sobre todo porque estamos viviendo un contexto de cambio climático y de crisis ambiental”.
NO ES TRÁMITE, ES UN COMPROMISO
El también activista subrayó que una manifestación de impacto ambiental no es solo un trámite sino un estudio que incluya análisis de tierra, agua, estructuras, de afectaciones a la población y a los ecosistemas. También plantear las maneras en que se va a remediar el daño o cómo se reducirá.
“Estamos hablando de que cualquier proyecto, aunque lo implemente el gobierno del estado, tiene que cumplir con ese requisito, pero no nada más es un requisito sino un compromiso para generar propuestas que cumplan con la normatividad en la materia y los estándares internacionales”, apuntó en referencias a acuerdos como el de Escazú que incluye la participación ciudadana y los principios de transparencia y acceso a la información.
