Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) indicaron que continuarán buscando escenarios para llevar a cabo la revocación de mandato, dado que no se han cubierto los requisitos constitucionales.
Al respecto, La consejera electoral, Carla Humphrey, reiteró que no era momento para hablar de una suspensión, ni para decidir si cumplían o no con la Constitución.
Recordó que no están cubiertos los requisitos constitucionales aún, ni se han llegado los plazos para determinar si se tendrá el ejercicio de revocación de mandato, lo cual se sabrá a finales de enero.
Por lo que debieron plantear diversos escenarios y abrir el diálogo con otras autoridades para ver si había o podría haber algún recurso adicional a lo que se previó por la Cámara de Diputados, estimó.
Y es que la comisión de receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó admitir a trámite la controversia constitucional 224/2021 promovida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra del Acuerdo aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE) en el que determinó posponer la realización del proceso de revocación de mandato 2021-2022.
Con la admisión, se determinó conceder la suspensión solicitada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que el INE se abstenga de ejecutar el acuerdo por el que pretendía posponer cualquiera de las actividades para la organización del proceso de revocación de mandato del Presidente de la República.
El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) Martín Faz, aclaró que no votó a favor de posponer la revocación de mandato porque existían escenarios distintos y no era el momento de decretar una posposición que, para efectos prácticos, era una suspensión.
Agregó que continuarán haciendo escenarios para ver qué se puede hacer con lo que se dispone, como instalar los consejos locales, los consejos distritales, la contratación de los CAES; la parte más costosa de una revocación de mandato y de cualquier proceso electoral.
“Tenemos que continuar con las etapas en espera de que resuelva el fondo la SCJN respecto de si se asigna un mayor presupuesto, o bien, resuelve qué se tiene que hacer con el presupuesto que actualmente tenemos”, dijo.
A su vez, el consejero electoral, José Roberto Ruiz, aseguró que se informó y se explicó a la Cámara de Diputados las necesidades y requerimientos del presupuesto para 2022 para las actividades que realiza el órgano electoral, así como el presupuesto que se requiere para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato.
“No porque el INE se empeñe en que eso cuesten los procesos electorales, sino porque es el resultado de lo que mandata la ley”, agregó.
Negó que el INE “tenga sus guardaditos”, ya que -dijo- el INE presupuesta lo que va a utilizar y lo ejerce. Y en cuanto a los fideicomisos, indicó que sí existen, pero son recursos que ya están comprometidos.
La Corte mandató al INE que continúe con la organización y el desarrollo de la totalidad de las actividades del proceso de revocación de mandato hasta su conclusión con el presupuesto aprobado de mil 503 millones de pesos el cual constituye un indicador de viabilidad financiera.
