Para evitar la aglomeración de personas que acuden para aplaudir a los funcionarios que comparecen en la sede del Poder Legislativo, las y los diputados aprobaron modificar el formato en que se sujetarán los funcionarios públicos.
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) presentó un acuerdo por el que se determinó que los funcionarios del Poder Ejecutivo deberán de enviar su información digital a la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Poder Legislativo con una anticipación mínima de 72 horas, además, deberán abstenerse de invitar y trasladar al personal a su cargo a las instalaciones de la Cámara de Diputados.
El documento destaca que esta determinación obedece al aumento de la variante Ómicron de Covid-19, por lo que ahora se pretende reforzar las medidas de prevención y agilizar los actos parlamentarios que se desarrollan en el recinto legislativo.
Cabe destacar que durante la realización de las comparecencias de los titulares de la Secretaría General de Gobierno (Segego) y de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), al recinto legislativo acudieron decenas de trabajadores de las dependencias quienes en varias ocasiones animaron con porras y gritos a los funcionarios.
El acuerdo también destaca que para el día de cada comparecencia, el servidor público tendrá 20 minutos para su intervención, posteriormente los legisladores tendrán cinco minutos para su participación; luego el funcionario tendrá hasta 15 minutos para responder a las preguntas de los diputados, y finalmente, los congresistas volverán a tener hasta tres minutos para su intervención y conclusión.
Demandan garantizar una vida libre de violencia para las oaxaqueñas
Este miércoles, durante la sesión ordinaria, la diputada Mariana Benítez Tiburcio, presentó un Punto de Acuerdo con carácter de urgente para exhortar a las autoridades de prevención e investigación de delitos, así como de administración de justicia del estado de Oaxaca, a fin de generar una estrategia de coordinación que garantice una vida libre de violencia para las oaxaqueñas.
Ante los recientes feminicidios registrados en los municipios de Santa María Petapa, y Huautla de Jiménez, y en las agencias municipales de Santa Rosa Panzacola y San Juan Chapultepec, en Oaxaca de Juárez, así como de la intimidación de la que fue víctima la activista de los derechos de las mujeres, la maestra Rogelia González en Juchitán de Zaragoza, Benitez Tiburcio propuso actuar de manera urgente para erradicar la violencia y odio contra la mujer realizando acciones más estrictas de prevención del delito y garantizando justicia para todas.
“Las agresiones, las amenazas, las violaciones y los feminicidios, reflejan la manifestación más brutal de una sociedad patriarcal que aún no logramos arrancar de raíz, que aún no terminamos de derrotar. Es verdaderamente preocupante que de acuerdo al INEGI, el 66 % de las mujeres de 15 años y más ha experimentado al menos un acto de violencia en su vida”, refirió.
Por este motivo, urgió a las autoridades de los ámbitos municipales, estatales y federal, y en la esfera del poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, así como de los órganos autónomos como la Fiscalía General del Estado y la Defensoría de los Derechos Humanos para coordinar esfuerzos en la erradicación de la violencia contra las mujeres que por razones de género se dan en todas las regiones.
Por su parte, la fracción parlamentaria de Morena, exhortó a las autoridades a reforzar la seguridad para las comunidades que se ubican en la región de los Chimalapas, donde a raíz de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se han detectado la presencia de grupos armados.
De la misma manera, demandaron al Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) para hacer públicos los mecanismos por los cuales definió la lista final de los entes fiscalizables en su Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones 2022, exponiendo de manera clara cómo aplicó los criterios a cada Entidad Estatal y a cada Municipio, con el fin de salvaguardar la honorabilidad del Órgano.
EL ESQUEMA
- 20 minutos para intervención del funcionario
- 5 minutos para participación de diputados
- 15 minutos para que el funcionario responda preguntas
