La comunidad indígena y agraria de San Pedro Quiatoni, ubicada en el distrito de Tlacolula de Matamoros, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador frenar la actividad minera en su territorio, pues durante más de una década de explotación solo ha traído afectaciones a sus recursos naturales, medio ambiente y población. Asimismo, acusó al gobierno federal de violar el convenio internacional 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la consulta previa e informada.
Cientos de comuneros de Quiatoni y sus cinco agencias marcharon ayer desde Santa María Coyotepec hasta las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, en San Bartolo Coyotepec, en donde urgieron al gobierno federal agilizar la resolución a la demanda de amparo que la comunidad interpuso el 12 de febrero de 2020.
Esto, a fin de lograr la cancelación inmediata de las nueve concesiones que la Secretaría de Economía federal y la Subsecretaría de Minería, así como la Dirección General de Minas otorgaron en la última década a dos empresas extranjeras: Don David Gold México y Minerales El Prado.
A más de un año de la demanda de amparo, de la que consiguieron una suspensión a su favor, señalaron que esta no se ha respetado por parte de la empresa Don David Gold. Además de que no se cuenta con la sentencia correspondiente y en siete ocasiones se han aplazado las audiencias constitucionales bajo el pretexto de la carencia de todas las pruebas o que no se ha podido emplazar y notificar a las empresas responsables y a las instancias federales involucradas en el tema.
“¿En dónde tenía la mente el gobierno federal cuando autorizó estas nueve concesiones?”, cuestionaron los comuneros y autoridades, quienes acusaron que “fue a cambio de algo”. Además de comparar este daño en más de 11 mil hectáreas de terrenos comunales con la explotación vivida por las comunidades originarias en la época colonial a manos de los españoles.
“Son empresas canadienses que están explotando los recursos minerales de San Pedro Quiatoni y la gente de la comunidad no ha recibido ni un centavo hasta el momento”, externaron, al tiempo de aclarar que no buscan una retribución monetaria sino el respeto a su territorio y a la vida.
“No hemos recibido ni un peso y lo más grave es que nos están contaminado severamente nuestro ecosistema”, señalaron durante la protesta y mitin en las escalinatas del edificio. De no obtener una pronta respuesta y favorable, advirtieron con intensificar su lucha.
Los comuneros recordaron que antes de la actividad minera había una gran diversidad de animales comestibles y no comestibles, además de peces en el río, pero en la actualidad su agua está contaminada y ya no se puede extraer ni siquiera arena, ya que ésta contiene mucha sal y oxida rápidamente el fierro de las construcciones.
La escasez de agua es otro de los problemas derivados de la actividad minera, externaron, pues sus manantiales y pozos se han secado, especialmente en los parajes Yerba Santa y Agua Canoa.
Las concesiones que exigieron cancelar son: lote minero San Carlos, lote minero San Miguel fracción 2, lote minero río Minas, lote minero San Luis, lote minero Sofi, lote minero Correcaminos, lote minero El águila (este, ubicado en la jurisdicción de San Pedro Totolapan, en su anexo de San José de Gracia, pero donde solo está la entrada de la mina, mientras que los minerales son extraídos del suelo de Quiatoni).
“Queremos que estas empresa mineras se vayan de nuestras tierras y ya no nos sigan explotando”, apuntaron sobre la actividad que inició en 2010 y por la cual las dos empresas han extraído minerales preciosos como el oro, la plata, el cobre, el zinc y el plomo.
Basados en los propios datos de la minera Don David Gold México, señalaron que tan solo en 2015 se extrajeron 922 kilogramos de oro con un valor comercial de 544 millones 488 mil peos; en 2016, 524 kilogramos de oro con un valor de 392 millones 867 mil pesos, pero “sin ningún beneficio para el pueblo explotado y robado de San Pedro Quiatoni”.
