En un estado con más del 60% de su población en condiciones de pobreza, el Congreso de Oaxaca presume haber rehabilitado su salón de plenos y otras áreas con “ahorros”. Lo que no presume con tanto entusiasmo es el costo: más de 40 millones de pesos. Esto, según lo denunciado por distintos sectores y confirmado indirectamente por las reacciones del gobernador.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Benjamín Viveros Montalvo, intentó justificar el gasto alegando que no se usó un “presupuesto extra”, sino que provino de lo asignado al Poder Legislativo.
“No echamos mano de otro presupuesto más que del que está asignado para las y los diputados y del ahorro que se realizó”, dijo, como si eso cambiara la naturaleza del dispendio.
Sin embargo, algunos ciudadanos en redes cuestionaron, ¿cuántas escuelas rurales de Oaxaca podrían haber sido techadas con ese dinero? ¿Cuántos centros de salud equipados o caminos rehabilitados?
En un contexto donde la escasez de recursos se vive a diario en las comunidades, el gasto millonario en un edificio legislativo resulta, cuando menos, un insulto, resaltaron.
“SON DEL PUEBLO”, PERO NADIE LES PREGUNTÓ
Viveros Montalvo también afirmó que el Congreso es “una casa del pueblo”. Y que como tal, había que darle mantenimiento.
“Si alguien presta una casa, quien la ocupa deberá darle mantenimiento”, dijo, como si lo invertido fuera para resanar grietas o cambiar bombillas.
Pero no se trató de simples reparaciones. El paquete incluyó remodelación completa del salón de sesiones, instalación de una sala de lactancia, zona de prensa y construcción de rampas. Todas necesarias, sí. Pero, ¿por qué ese presupuesto no fue concursado públicamente? ¿Por qué fue adjudicado directamente, en un proceso opaco, sin rendición clara de cuentas?
El argumento del “mantenimiento” pierde peso ante una adjudicación directa y un discurso que presume “ahorros”. Cuando en realidad, según expertos y críticos, se trata de un uso discrecional del presupuesto legislativo. Sin consulta, ni prioridades visibles de interés público.
MIENTRAS TANTO, EN LA OAXACA REAL
Mientras los diputados estrenan mobiliario, micrófonos y alfombras, en Oaxaca hay hospitales sin equipo, comunidades sin agua potable, caminos de terracería en ruinas y escuelas con techos de lámina, reclamaron otros ciudadanos.
Bajo esta perspectiva, contrario a la narrativa institucional, no se trató de un acto de eficiencia presupuestaria, sino de una decisión política con claros tintes de privilegio y falta de sensibilidad social.
El gobernador Salomón Jara, desde la conferencia matutina, no ocultó su descontento:
“Están muy fifís, muy fifís, la verdad… deberían de ser un poco más modestos y no este tipo de cosas”.
Dijo no haber sido informado de los trabajos:
“No sabía personalmente, como estoy en las comunidades”, expresó con sorpresa.
Más allá de la crítica estética, lo que subyace en las palabras del gobernador es un reclamo por el desfase entre el discurso público de austeridad republicana y los actos privados de confort institucional.
UNA OBRA A LA SOMBRA DEL DISCURSO MORAL
El diputado Viveros insistió en que el Congreso, como órgano autónomo, puede usar su presupuesto como lo considere necesario. Pero autonomía no es impunidad, y el gasto de recursos públicos, aunque legales, deben responder a criterios éticos, de necesidad social y de transparencia.
Al justificar que se eligió la adjudicación directa por falta de tiempo —“eran solo tres meses”, dijo— Viveros obvia un detalle esencial: el apresuramiento no es excusa para la opacidad. De hecho, la urgencia suele ser el pretexto más usado para evitar licitaciones abiertas y reducir el control ciudadano sobre el uso de los fondos públicos.
¿QUIÉN DEFINIÓ LAS PRIORIDADES?
La respuesta de Viveros de que fue una decisión “planeada desde el inicio” no resuelve una pregunta clave:
¿por qué, en un estado con tantas necesidades estructurales, se prioriza embellecer un recinto legislativo?
No es casual que la reinauguración del salón de sesiones ocurriera justo antes de la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias. Una puesta en escena política, financiada con recursos públicos. En un momento donde el Congreso debía estar más preocupado por legislar en favor de la gente que en estrenar alfombras y escritorios.
UNA OPORTUNIDAD PARA RENDIR CUENTAS… QUE NO LLEGÓ
Hasta ahora, no se han hecho públicos los contratos, costos desglosados ni empresas contratadas. No hay pruebas de que ese gasto millonario haya sido necesario o que se hayan considerado otras alternativas más austeras o graduales.
Y mientras tanto, el pueblo de Oaxaca sigue esperando que su “casa” —como la llama Viveros— se parezca más a sus realidades y menos a una oficina blindada de privilegios.
