Oaxaca iniciará el próximo 22 de agosto el proceso de consulta sobre la Ley reglamentaria del Artículo 2º de la Constitución Política de México, rumbo a la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Mientras que en varias entidades del país esta consulta iniciará el próximo fin de semana, en Oaxaca se iniciará el 22 por medio de asambleas regionales, empezando en San Andrés Huaxpaltepec.
El consejero jurídico y asistente legal de Oaxaca, Geovanny Vásquez Sagrero, detalló que el 23 de agosto las consultas se llevarán a cabo en Santiago Pinotepa y Santa María Chimalapa; mientras que el 30 del mismo mes en San Mateo del Mar, San Pedro Huamelula y San Juan Cotzocón.
Posteriormente, el 4 de septiembre, estas se realizarán en San Felipe Jalapa de Díaz y San Juan Bautista Cuicatlán; entre otros, pueblos y comunidades, donde participarán zapotecos, mazatecos, chinantecos, mixtecos y chatinos, por mencionar algunos.
Durante la conferencia matutina del gobernador del Estado, Salomón Jara Cruz, el consejero jurídico explicó que por medio de estas consultas se tendrá que construir la iniciativa para la nueva Ley.
Destacó que si no se llegara a tomar una propuesta que se haya consensuado con las comunidades, se tendrá que dar una explicación puntual para dar mayor certeza de lo que se estará realizando.
Al entrar en una etapa de difusión de acuerdo a lo establecido por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el Vásquez Sagrero afirmó además que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también participará, pero como observadora.
Apenas en junio de 2026, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas aprobó por unanimidad la propuesta de Iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que por medio de consultas pretende recoger las opiniones, propuestas y recomendaciones de los pueblos y comunidades para su fortalecimiento.
En su momento, el director general del INPI, Adelfo Regino Montes, destacó que la consulta “se desarrollará de conformidad con el derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos a participar a través de sus autoridades e instituciones representativas, mediante un proceso integrado por etapas de información, deliberación, consulta y seguimiento de acuerdos”.
