La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 42/2019 al gobierno de Oaxaca y al Ayuntamiento de Ciudad Ixtepec el 22 de julio, por la inejecución de laudo firme, en agravio de un hombre mayor con discapacidad motriz que fue despedido del municipio ubicado en el Istmo de Tehuantepec.
Se acreditaron violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y legalidad en agravio de la víctima, que inicialmente presentó queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
En la queja, la víctima refirió que laboró como asesor legal en el Ayuntamiento de Ciudad Ixtepec, y al ser despedido el 21 de septiembre de 2008, ese mismo día presentó demanda ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje con residencia en Tehuantepec, que por razón de competencia la remitió a la Junta de Arbitraje donde se radicó el expediente laboral.
En el laudo correspondiente, se condenó al Ayuntamiento a reinstalar en su puesto al agraviado, en las mismas condiciones y términos que desempeñaba, y al pago de diversas prestaciones y cantidades por concepto de salarios, lo que no ocurrió a pesar de las múltiples diligencias de requerimiento realizadas tanto por la Junta de Arbitraje, como por un Juzgado Civil solicitando a la municipalidad el cumplimiento del laudo.
Por ello, la CNDH recomendó al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, que en coordinación con el Ayuntamiento y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, se repare integralmente el daño al afectado, que incluya asesoría jurídica y se le inscriba en el Registro Nacional de Víctimas, conforme a la Ley General de Víctimas y se instruya a la presidencia de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado para la efectiva ejecución del laudo en favor del agraviado.
A los miembros del Ayuntamiento de Ciudad Ixtepec se les pide realizar en coordinación con la citada Comisión las acciones necesarias para la ejecución y cumplimiento del laudo, colaborar con la CNDH en la denuncia que formule ante el Congreso estatal en contra de las autoridades responsables.
Además de considerar en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2020 una partida presupuestal para el pago del citado laudo, considerando los propios ingresos del municipio, o solicitar al Congreso estatal programe y autorice de manera específica e identificable esos recursos para dar cumplimiento al referido laudo.
Por otra parte, a ambas autoridades se les pide designen respectivamente a una persona servidora pública de alto nivel de decisión que sea enlace con la CNDH para dar seguimiento al cumplimiento de la Recomendación 42/2019, misma que ya fue debidamente notificada.
