Las diputadas Daniela Taurino Jiménez y Analy Peral Vivar, presentaron ayer iniciativas con proyecto de decreto en protección de mujeres y hombres periodistas de Oaxaca, ante la alta incidencia de agresiones contra este gremio desde hace varios años.
En sesión ordinaria de la LXVI Legislatura del Congreso de Oaxaca, la diputada Daniela Taurino presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, para establecer el Protocolo Estatal de Protección de Personas Periodistas y Garantía de la Libertad de Expresión.
Recordó que el ejercicio periodístico y la libertad de expresión en el Estado enfrentan un contexto de riesgo estructural y diversos diagnósticos de organismos nacionales e internacionales han documentado que la entidad se ubica entre las de mayor peligro, sin que los mecanismos existentes hayan logrado revertir los patrones, silenciamientos e impunidad.
OAXACA, SIN ORDENAMIENTO
Destacó que a diferencia de otras entidades como Quintana Roo, San Luis Potosí y Baja California, entre otras, Oaxaca carece de un ordenamiento propio que incorpore, de manera sistemática y con fuerza normativa vinculante, los estándares desarrollados por el sistema universal y el sistema interamericano de derechos humanos para la protección de periodistas.
La iniciativa tiene como objeto incorporar la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca un Título sexto, denominado “Del protocolo estatal de Protección a personas periodistas y garantía de la libertad de expresión”, para que Oaxaca cuente con un marco normativo armonizado con el derecho internacional de los derechos humanos.
En su intervención, la diputada Analy Peral Vivar presentó la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 292 Quater del Código penal para el estado libre y soberano de Oaxaca
La iniciativa plantea reformar el párrafo para incorporar a las personas periodistas, dentro del agravante del delito de ejecución extrajudicial, en los mismos términos en que actualmente se prevé cuando se acredita que la víctima era una persona defensora de derechos humanos.
La reforma al tercer párrafo respecto a la agravante del tipo penal de ejecución extrajudicial, pretende que la pena se incrementa en un tercio de la mínima y hasta un tercio de la máxima, cuando se acredite que la víctima era una persona periodista.
