Mientras tres agencias de las Naciones Unidas exigieron que se investigue a fondo la muerte de dos niñas haitianas ocurrida en el interior del Centro de Asistencia Social de tránsito “Casa Pato”, trabajadores del DIF y menores de edad presuntamente maltratados ofrecieron testimonios de abusos, racionamiento de comida y robo de los depósitos en sus tarjetas de apoyo de Bienestar en la Cámara de diputados.
En conferencia con adolescentes que han sufrido vejaciones por directivos de los refugios, la diputada Margarita García (PT) resaltó que quienes están a cargo de esos centros son familiares de la titular del DIF, Irma Bolaños Quijano, esposa del gobernador Salomón Jara.
Las quejas por maltrato sicológico y explotación infantil contra menores al cuidado del DIF datan del año pasado y la legisladora resaltó que la muerte de dos hermanas en el albergue Casa Pato, el martes, es una tragedia ocurrida “por no saber escuchar. La esposa del gobernador ha recibido denuncias, sin que se haya detenido a dar un paso, antes de andar cuidando al marido y no cumplir su función”.
En un comunicado de prensa hecho llegar a medios, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia lamentaron profundamente el fallecimiento de las menores y ofrecieron apoyo técnico para fortalecer la supervisión del centro y garantizar la dignidad y seguridad de las personas migrantes y refugiadas que se encuentran bajo el cuidado del Estado mexicano.
“Confiamos en que la pérdida de vidas en este espacio gubernamental se investigará exhaustivamente”, señaló ACNUR México en redes sociales.
La tragedia
Las dos niñas haitianas fallecieron tras caer en una fosa séptica ubicada dentro del albergue el día 24 de febrero del presente año. El hecho ocurrió en las instalaciones del mismo centro donde debían estar protegidas, bajo la responsabilidad directa del DIF estatal de Oaxaca, la institución gubernamental creada precisamente para garantizar el bienestar de los grupos más vulnerables, incluyendo niños, niñas y adolescentes migrantes.
Por su parte, este jueves en la cámara de diputados los menores contaron que no sólo han sido obligados a trabajar, sino que algunos en situación vulnerable como el joven Ernesto –en silla de ruedas por un daño en la columna vertebral– duermen en los pasillos, en colchonetas rotas y rodeados de basura.
Presión
La intervención de tres organismos de la ONU en un caso de alcance estatal es una señal de la gravedad con la que la comunidad internacional está mirando este episodio. ACNUR, OIM y UNICEF no son organismos que emitan comunicados conjuntos de este tipo ante cualquier incidente — su pronunciamiento indica que consideran que hay riesgo de que los hechos no sean investigados con la rigurosidad que merecen.
En su declaración, las tres agencias no sólo expresaron condolencias. Ofrecieron concretamente apoyo técnico para mejorar la supervisión del centro y para asegurar que las condiciones en las que viven los niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados cumplan con los estándares internacionales de protección.
Las niñas haitianas que murieron en “Casa Pato” habían llegado a México como parte de los flujos migratorios que desde hace años transitan por el país en condiciones de extrema vulnerabilidad. Haití es uno de los países con mayor número de personas desplazadas en el continente americano, y sus migrantes —incluyendo niños que viajan solos o con familiares— enfrentan riesgos en cada etapa del camino.
